A 23 días de los hechos violentos ocurridos en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, en los que murió Miguel Ángel Loredo, el homicidio continúa sin personas detenidas, informó Francisco Teniente, abogado de la familia, quien acompañó a los familiares a solicitar avances en la investigación.

La mañana de este martes 20 de octubre, los allegados del joven acudieron a la fiscalía general del Estado (FGE) para conocer el estado de la carpeta de investigación y las acciones realizadas para esclarecer la muerte. Durante la visita, fueron recibidos por el vicefiscal, con quien abordaron el seguimiento del caso.

Al término de la reunión, Teniente señaló que, aunque algunos presuntos involucrados se habrían presentado ante las autoridades, hasta el momento no hay ninguna persona detenida específicamente por el homicidio de Loredo. Esta situación mantiene la incertidumbre sobre el avance de las diligencias para identificar y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

El abogado también reconoció el respaldo que, según indicó, el Gobierno del Estado ha brindado a la familia durante el proceso. Sin embargo, la ausencia de detenciones continúa siendo uno de los principales pendientes para los familiares, que esperan resultados concretos de las autoridades ministeriales.

Los hechos que derivaron en la muerte de Miguel Ángel Loredo ocurrieron el pasado 27 de septiembre en Cerro de San Pedro. Desde entonces, la familia ha buscado información sobre las investigaciones y las medidas emprendidas para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Durante su visita a la Fiscalía, los familiares reiteraron su petición de que el caso avance y se determinen las responsabilidades correspondientes. Su principal exigencia es que las investigaciones permitan identificar a los presuntos responsables y que la muerte del joven no quede impune.

Mientras continúan las diligencias, el caso permanece sin detenidos por el homicidio, de acuerdo con lo señalado por la defensa de la familia. Los allegados de Miguel Ángel Loredo esperan que las autoridades estatales informen sobre los avances y que el proceso judicial permita esclarecer lo ocurrido.