Fiscales generales de 21 estados y del Distrito de Columbia respaldaron una impugnación judicial contra determinadas detenciones migratorias efectuadas sin orden judicial por agentes federales, al considerar que estas intervenciones deben ajustarse a los requisitos establecidos en la legislación estadounidense.

La postura quedó plasmada en un documento presentado como amicus curiae ante un tribunal federal de apelaciones. Mediante este recurso, las autoridades estatales aportaron argumentos jurídicos para respaldar el análisis de la legalidad de los procedimientos de arresto utilizados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los fiscales sostienen que la ley federal establece condiciones específicas para realizar detenciones migratorias civiles sin una orden judicial, entre ellas contar con causa probable y motivos para considerar que la persona podría escapar antes de obtener la autorización correspondiente. A su juicio, algunos operativos no han cumplido plenamente con estas exigencias.

El escrito también expresa preocupación por los métodos empleados durante las intervenciones, incluidos los vehículos sin identificación oficial visible y los agentes que presuntamente no se identifican de manera adecuada. Según los firmantes, estas prácticas pueden generar temor e incertidumbre entre los residentes de las comunidades afectadas.

La coalición argumenta que las consecuencias de las detenciones trascienden el ámbito migratorio y pueden repercutir en la economía local, la educación, la salud pública y la confianza en las instituciones. Los estados participantes representan, en conjunto, a más de 30 millones de migrantes.

La intervención judicial forma parte del caso Escobar-Molina contra el DHS, una demanda colectiva presentada en 2025 que cuestiona diversos procedimientos de detención migratoria. El litigio busca que los tribunales delimiten las facultades de los agentes federales y determinen qué salvaguardas legales deben respetarse.

Entre las entidades participantes figuran California, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, Washington y Arizona, además del Distrito de Columbia. Su posicionamiento plantea la necesidad de que la aplicación de las leyes migratorias se mantenga dentro de los límites legales establecidos por el Congreso estadounidense.