En San Luis Potosí, la discusión pública corre el riesgo de extraviarse entre provocaciones, descalificaciones y disputas personales. La competencia política, necesaria en cualquier democracia, comienza a perder su sentido cuando las diferencias dejan de expresarse mediante argumentos y se convierten en burlas entre quienes tienen la obligación de servir a la ciudadanía, y garantizar la seguridad, los servicios públicos primordiales como el agua.

El episodio reciente entre el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, ilustra este deterioro. La ironía del presidente municipal sobre el desempeño del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en una competencia de charrería desató nuevas críticas, entre la social, el empresariado y mismos funcionarios de distintos niveles de gobierno y fuerzas partidistas.

Más allá de las simpatías partidistas, vale preguntarse qué gana San Luis Potosí cuando sus autoridades convierten las diferencias en un espectáculo de confrontación. La respuesta parece evidente: poco o nada. Se desplazan, así, las verdaderas prioridades de la sociedad potosina. Una ocurrencia puede generar titulares y reacciones en redes sociales, pero difícilmente resuelve los problemas que enfrentan miles de familias.

El respeto institucional no exige silencio ni complacencia. Lo que ninguna investidura debería justificar es recurrir a la mofa como herramienta de posicionamiento o confundir la crítica.

La guerra sucia política se fortalece cuando los ataques personales desplazan las cifras, las propuestas y los resultados. También se debilita la confianza en las instituciones. Entonces, el debate deja de girar alrededor de la seguridad, el abastecimiento de agua, el ejercicio del presupuesto, y queda atrapado en una interminable competencia por exhibir al adversario.

Los ciudadanos no eligieron funcionarios para protagonizar enfrentamientos verbales. Les confiaron responsabilidades concretas y esperan soluciones verificables. Por eso, cualquier aspiración electoral o disputa partidista debería permanecer subordinada al interés público, especialmente cuando distintos órdenes de gobierno necesitan coordinarse.

Galindo debe comprender que la ironía dirigida al gobernador tiene un costo en el clima político. La autoridad moral para reclamar respeto comienza por practicarlo.

San Luis Potosí necesita debate firme, transparencia y contrapesos, no una política reducida a burlas. La verdadera estatura de un servidor público se mide por su capacidad para resolver, rendir cuentas y dialogar incluso con sus adversarios.