Una protesta de estudiantes, trabajadores y colectivos ambientalistas obligó a suspender la inauguración del XI Congreso Argentino de Derecho Ambiental, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en medio de las críticas a las reformas promovidas por el gobierno de Javier Milei.
Las manifestaciones se concentraron en la participación del juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. Los asistentes cuestionaron su presencia en el encuentro y expresaron su rechazo a posibles modificaciones de la legislación que limita la adquisición de tierras por parte de extranjeros, al considerar que podrían comprometer el control nacional sobre territorios y recursos naturales.
Las inconformidades también alcanzaron al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, impulsado por la administración de Milei, cuya validez y efectos han generado controversia política y jurídica en Argentina. Durante la protesta, los participantes criticaron además la integración del máximo tribunal y sus antecedentes de designación.
La movilización ocurrió mientras la Cámara de Diputados avanzaba en una iniciativa relacionada con la propiedad privada que contempla agilizar los procedimientos de desalojo por incumplimientos de alquileres o vencimiento de contratos. La propuesta ha despertado preocupación entre sectores que advierten sobre sus posibles consecuencias para personas con dificultades económicas para pagar una vivienda.
En paralelo, representantes de la Iglesia católica han alertado sobre el agravamiento de la pobreza y la creciente demanda de asistencia en comedores comunitarios, un contexto que añade presión al debate sobre las políticas económicas y sociales del país.
La tensión política también se ha extendido a la relación con Estados Unidos. Declaraciones del embajador estadounidense Peter Lamelas sobre posibles apoyos financieros condicionados al rumbo político argentino provocaron cuestionamientos sobre una eventual injerencia extranjera.
Los episodios reflejan un escenario de confrontación en torno a las reformas del Ejecutivo, la protección ambiental, el acceso a la vivienda y la soberanía económica. Las iniciativas y sus efectos continúan siendo objeto de debate entre autoridades, organizaciones sociales y sectores opositores.
