La crisis financiera de Ueno Bank provocó una fuerte sacudida política en Paraguay y terminó con la renuncia del presidente Santiago Peña, luego de que surgieran cuestionamientos sobre sus antiguos vínculos empresariales con el grupo propietario de la institución y la respuesta de su administración ante el colapso bancario.

El problema se agravó el 3 de noviembre de 2026, cuando el Banco Central del Paraguay intervino la entidad tras detectar que sus indicadores de solvencia estaban por debajo de los niveles requeridos. La medida afectó a aproximadamente 2.9 millones de clientes, quienes enfrentaron restricciones para disponer de sus depósitos.

Ueno Bank administraba alrededor de 2 mil 800 millones de dólares y mantenía operaciones con una parte importante de la población paraguaya, en un país de aproximadamente 6.1 millones de habitantes. Entre los recursos comprometidos también figuraban fondos de instituciones públicas, como el Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de administrar las pensiones de los trabajadores.

La controversia alcanzó al presidente Peña debido a que anteriormente tuvo participación accionaria en la sociedad matriz de la institución financiera, aunque vendió sus acciones en 2025. Esta relación empresarial generó dudas sobre posibles conflictos de interés y la actuación gubernamental frente a la situación del banco.

El escenario provocó manifestaciones en Asunción, donde los usuarios afectados exigieron recuperar su dinero y reclamaron explicaciones a las autoridades. Al mismo tiempo, el Congreso comenzó a promover un juicio político contra el mandatario por presunto mal desempeño de sus funciones.

La presión también aumentó después de que Peña perdiera respaldo dentro de su propio Partido Colorado, mientras el expresidente y dirigente Horacio Cartes manifestó su apoyo al procedimiento legislativo.

Ante el deterioro de la situación, el mandatario anunció su renuncia mediante un mensaje difundido en redes sociales. Explicó que buscaba evitar mayores conflictos sociales y preservar la estabilidad institucional del país. Asimismo, ofreció disculpas a la población y pidió garantizar la protección de los ahorros ciudadanos y los recursos públicos.

Posteriormente, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad iniciar el juicio político, mientras correspondía al Senado resolver el procedimiento.

El caso de Ueno Bank se convirtió en una crisis financiera y política que puso bajo cuestionamiento la supervisión bancaria y los vínculos entre el poder público y los grupos empresariales.