Las llamadas a comparecer no son ocurrencias producto del cinismo y la soberbia, sino un proceso constitucional firme en nuestro marco normativo, reviró el presidente de la Directiva y de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, diputado Luis Fernando Gámez Macías, ante la petición del alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, de acudir ante el Legislativo a aclarar los 245 millones de pesos que invierte en la construcción de un puente elevado al poniente de la ciudad, obra en la que, afirmó el legislador, hay alrededor de 100 millones de pesos de sobrecosto.

El diputado instó a Galindo a que, si quiere aclarar las dudas y acusaciones en torno a la obra, entregue a la Comisión de Vigilancia los contratos, las transferencias y los estados de cuenta bancarios con los nombres de los beneficiarios. Señaló que el llamado se realiza en el marco constitucional en materia de fiscalización y con las facultades de representación que le otorga el Poder Legislativo a través de dicha comisión.

“Y me parece que el señor lo está tomando a broma, me parece que el señor lo que pretende es venir al Congreso a hacer un circo mediático, a hacer una pasarela. Quiero decirle que no estamos jugando. Él tendrá que responder en su momento no sólo ante el Congreso, sino ante el IFSE (Instituto de Fiscalización Superior del Estado) y ante las instancias correspondientes, porque nosotros lo que estamos señalando es que su puente está cuchareado, que tiene más de cien millones de pesos de sobrecosto y lo vamos a aclarar en el momento oportuno”, enfatizó.

Gámez Macías destacó que Galindo también debe aclarar el manejo de más de 6 mil millones de pesos que ha administrado desde el organismo operador del agua, Interapas; explicar por qué ha destinado más de 323 millones de pesos a la contratación de pipas privadas y menos de la mitad de esa cantidad a mejorar la infraestructura hidrosanitaria.

Añadió que, “ya que es tan transparente” el alcalde capitalino, también debe precisar las razones por las que entregó contratos millonarios de obra pública a empresas ligadas al empresario huasteco Gerardo Sánchez Zumaya, quien salió del país, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló sus cuentas y quien es señalado por presuntos delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal en materia de hidrocarburos (huachicoleo).

El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado advirtió que desde esa instancia legislativa seguirá señalando los presuntos abusos en el manejo de recursos públicos de las administraciones municipales, como en el caso de la obra de Enrique Galindo, sobre cuyos costos, dijo, el propio gobernador del estado ha señalado que están inflados.

“Le tomo la palabra al señor, dijo que iba a ser transparente. Bueno, que nos aclare cuánto costó el concreto, cuánto costó el acero y por qué está cuchareado su contrato y quiénes son los beneficiarios. Ojo, hay beneficiarios que el señor deberá aclarar por qué y con qué motivo les entregó los recursos públicos de la ciudad. No es algo menor, son 245 millones de pesos y, si sumamos lo de Saserro y si sumamos lo de las pipas y si seguimos sumando todos los despilfarros que el alcalde ha tenido, me parece que no da risa, me parece que el señor está excedido y habla por él la soberbia del poder. El alcalde es un alcalde que ha demostrado que no debería estar al frente de ninguna institución”, apuntó.