Un juzgado federal concedió un amparo a cinco niños y una niña con trastorno del espectro autista (TEA) en Matehuala, San Luis Potosí, para garantizarles atención médica integral, diagnósticos precisos, terapias especializadas y traslados gratuitos a centros de atención, junto con sus familiares.
El Juzgado Cuarto de Distrito en San Luis Potosí resolvió otorgar la protección de la justicia federal dentro del juicio de amparo 1134/2025, al determinar que las autoridades municipales y estatales incumplieron sus obligaciones de garantizar el acceso efectivo a servicios de salud especializados.
La sentencia ordena a las autoridades de Matehuala y del gobierno estatal coordinarse para asegurar que los seis menores reciban la atención que requieren, así como gestionar su traslado gratuito a instituciones especializadas cuando sea necesario.
En su resolución, la persona juzgadora estableció que no es suficiente con canalizar a los pacientes o mantenerlos en listas de espera, si esas medidas no se traducen en servicios médicos oportunos y efectivos.
También destacó que el acceso a la atención especializada para personas con autismo constituye una obligación del Estado y que deben eliminarse las barreras que impiden el ejercicio pleno de sus derechos, particularmente cuando se trata de niñas y niños.
El juicio fue promovido por representantes legales de los seis menores, quienes denunciaron que no recibían atención médica adecuada, carecían de diagnósticos precisos y no tenían acceso a terapias ni tratamientos especializados.
Además, señalaron las dificultades que enfrentaban sus familias para trasladarlos a centros estatales de atención, lo que limitaba sus posibilidades de recibir los servicios necesarios.
Entre las autoridades señaladas como responsables estuvieron el Ayuntamiento de Matehuala, el Hospital General, el Centro de Rehabilitación Integral del DIF, el IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud de San Luis Potosí.
Aunque las dependencias negaron haber incurrido en omisiones, el juzgado determinó que sus informes fueron insuficientes y que no demostraron haber cumplido con las obligaciones legales y constitucionales para garantizar la atención de los menores.
La resolución privilegió el interés superior de la niñez y estableció la responsabilidad de las autoridades de actuar coordinadamente para que los pacientes accedan efectivamente a los servicios de salud que requieren.