Las familias de personas desaparecidas enfrentan consecuencias económicas, legales y sociales que pueden prolongarse durante años. Para atender estas necesidades, la activista mexicana Alejandra Cartagena López colabora con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en la elaboración de una guía que establezca mecanismos de protección y reparación para quienes buscan a sus seres queridos.
El proyecto pretende orientar tanto a los familiares como a los gobiernos sobre las obligaciones del Estado frente a las víctimas indirectas. Entre los aspectos que busca visibilizar están la subsistencia económica, la atención médica, la educación y las condiciones de vida de niñas, niños, adolescentes y otros integrantes de las familias afectadas.
Cartagena señaló que las políticas públicas suelen concentrarse en localizar e identificar a las personas desaparecidas, mientras que otras necesidades de quienes permanecen en la búsqueda reciben menor atención. Como ejemplo de protección jurídica en México mencionó la Declaración Especial de Ausencia, que permite preservar los derechos y bienes de la persona desaparecida y proteger a sus familiares.
La trayectoria de la activista está marcada por su propia historia: su padre fue asesinado y su madre desapareció en 1978, durante la persecución contra integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Su experiencia la llevó a estudiar Derecho y a acompañar casos desde el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, del ITESO, en Jalisco.
El contexto nacional refleja la dimensión del problema. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza más de 130 mil personas sin localizar, mientras que Cartagena advirtió sobre la existencia de alrededor de 72 mil cuerpos sin identificar en el país.
En abril de 2025, el Comité de la ONU recurrió por primera vez al artículo 34 de la Convención Internacional para solicitar que la Asamblea General examinara la situación de desapariciones en México.