Por Pepe Alemán

Empresario inicia plantón afuera de Palacio Municipal por presunta corrupción de Enrique Galindo en el programa de pipas

Gerardo Martín Villarreal acusa presiones para entregar pagos ilegales a cambio de contratos para el reparto de agua.

El empresario Gerardo Martín Villarreal instaló un plantón afuera de la entrada principal de Palacio Municipal, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, en protesta por lo que considera actos de corrupción y extorsión en su contra por parte del alcalde capitalino y presidente de la Junta de Gobierno del organismo operador Interapas, Enrique Galindo Ceballos, en el programa de contratación de pipas para repartir agua.

El manifestante colocó un improvisado campamento, integrado por una lona azul y una silla de acampar rosa, ante las presiones que, señaló, ha recibido por parte de policías municipales capitalinos.

Gerardo Martín Villarreal ha lanzado acusaciones y presentado demandas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), en las que señala que ha sido objeto de presiones para entregar “moches” a cambio de contratos.

Refirió que, pese a ser contratista, le cancelaron pagos por cerca de un millón de pesos y sustituyeron su proveeduría por la empresa “Saserro”, vinculada con familiares de Marcelo de los Santos Anaya, aspirante a suceder a Galindo en 2027. Aseguró que los nuevos contratos contemplan pagos con sobreprecios desproporcionados, pues, en al menos 22 meses, la administración de Galindo le ha entregado 260 millones de pesos por el servicio.

El titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, anunció ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado una auditoría especial al programa de pipas de Interapas, en el que han encontrado irregularidades por al menos 74 millones de pesos.

“Se va a investigar el uso de recursos públicos para que no se utilicen con fines de promoción personalizada, que viene siendo un desvío de recursos”, indicó en aquella ocasión.

Señaló que la denuncia ciudadana también será atendida en la revisión de las cuentas públicas de 2026.

“Se va a atender de forma especial toda vez que se trata de una denuncia, sin embargo, forma parte de nuestras auditorías”, apuntó.

El auditor potosino enfatizó que, además de la intervención del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) de San Luis Potosí, el IFSE vigilará con lupa el probable uso de recursos públicos para fines electorales.

“Lo que vamos a vigilar muy bien, porque el contenido de los mensajes no tiene que ser de ninguna forma de promoción personalizada o electoral o pedir el voto más allá de cualquier cosa. El recurso público es para bienes y servicios de la ciudadanía. ¿Para qué? Para informar los logros, las acciones o el trabajo realizado, más no para pedir un voto”, estableció.