El DIF Estatal se suma a las dependencias que no consultan a la población y podría enfrentarse a una amparo interpuesto por la parte afectada (padres de niños diagnosticados con autismo) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que tomo la determinación de cambiar de sede el centro de atención sin previa consulta.

Al momento no se han establecido fechas para que autoridades estatales se reúnan con madres y padres de menores con autismo, usuarios del Centro de Autismo DIF, que reclaman que sus hijos han quedado en indefensión de sus derechos, tras el despido de personal y cambio de sede del centro donde los menores recibían sus terapias.

Esto luego de que el pasado viernes el Congreso del Estado aprobó dos puntos de acuerdo para exhortar a las titulares de la Secretaría de Salud y del DIF estatal a establecer mesas de diálogo y trabajo con familiares de los menores afectados, a fin de dar certeza sobre las implicaciones de dichos cambios y establecer con ellos una ruta de trabajo que contribuya al tratamiento de las y los menores.

Durante la sesión plenaria que se desarrollaba en el Centro de Convenciones, madres de algunos menores acudieron a las instalaciones del recinto a exponer sus inquietudes y pidieron a las y los diputados atender su demanda.

La diputada Marite Hernández Correa, promovente de uno de los puntos de acuerdo, indicó que será en los próximos días cuando el Congreso notifique de manera oficial a las titulares de las dependencias estatales a fin de que se establezcan las mesas de trabajo con las madres y padres de los menores afectados.

Ante ello el DIF alega que debido a la “nueva normalidad” ha llevado a trabajar y actuar de distinta manera en todos los ámbitos de la vida por lo que el Centro Estatal de Diagnóstico y Capacitación Autismo DIF, no es la excepción, y durante la pandemia causada por el Covid-19, se ha adaptado a la contingencia, brindando la atención con las medidas recomendadas por las autoridades.

El problema de fondo es que sí existió una violación a los derechos humanos de los niños y seguirá existiendo si el DIF continua tomando decisiones sin previa consulta, por derecho les correspondía decidir si continuaban con sus terapias en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), el cual contaba con especialistas de primer nivel en el país y quienes fueron despedidos o en el instituto Temazcalli, que por cierto es para tratar adicciones y no a niños autistas.

“En caso de que el personal de salud del Instituto detecten conductas que pongan en Peligro mi vida o la del personal, AUTORIZO la suspensión de mi cita y/o tratamiento terapéutico, así como las acciones preventivas que hay en  el lugar (aviso a las autoridades, referencia a hospital o Unidad de Salud), así como también ACEPTO las consecuencias administrativas y/o legales de dichas conductas (disturbios, amenazas, insultos, daños al edificio, agresiones físicas etc.), derivadas del mismo”, es una de las cláusulas que se dio a firmar a los padres de los niños en el tiempo en que se atendían en el Temazcalli y lo que causó inconformidad de los padres.

En la cuestión legal, es preciso saber que, en todo tratamiento el medico está obligado a preguntar al paciente o al padre del paciente si están de acuerdo en realizar cambios en sus tratamientos y exponer las causas a fin de que valga su opinión, sin embargo, aseguró  ni los niños ni sus padres  fueron consultados.

El artículo 4to., en su párrafo III  de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, dice claramente que cualquier acción que tome el gobierno y afecte la vida de las personas con discapacidad debe consultarse previamente, el DIF tomó la decisión sin tomar en cuenta a los padres de familia y a los niños.

Los padres suponen que la decisión fue por cuestión de presupuesto ya que el DIF no les informó las razones de cambiar el centro de atención.

Con poyo de la asociación Samuel Ruiz los padres de familia interpondrán un amparo ante la SCJN, por la violación del artículo 4 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los padres buscan una consulta que no se llevó a cabo por parte del DIF y mientras no lo haga seguirá perjudicando los derechos de las niñas y niños diagnosticados con TEA.