El gobierno municipal de la priista Victoria Labastida, de 2009-2012, es recordado por la deuda millonaria que hundió al municipio de San Luis Potosí, por sus viajes por el mundo a costa del erario público y por llamar “pueblerinos” a los potosinos; así como por las cirugías estéticas que funcionarios municipales pagaron con recursos del municipio para ellos, sus cónyuges y concubinas.

Victoria Amparo Labastida Aguirre se convirtió en la primera alcaldesa electa de San Luis Potosí por el PRI en 2009, poniendo fin a 12 años de gobiernos panistas. Durante su gestión acumuló un adeudo por 464.8 millones de pesos que le valió que ella y cuatro funcionarios de su gabinete fueran llamados por la Auditoría Superior del Estado para solventar observaciones de la cuenta pública municipal 2012 por 234 millones 602 mil pesos; cifra nunca antes vista por la ASE y que contrastó con los 25 millones de pesos observados en la cuenta pública del 2011.

Por más de dos años la presidenta viajó por el mundo a costa del erario municipal, con el pretexto de establecer lazos entre San Luis Potosí con el mundo. Cuando fue cuestionada al respecto llamó “pueblerinos a los potosinos”, situación que generó críticas entre la sociedad potosina.

La deuda en la que dejó sumida a la capital potosina se la adjudican también a los malos manejos de su tesorero municipal Agustín Soberón, de quien le advirtieron que contaba con antecedentes de corrupción, sin embargo la priista siempre lo defendió.

SENADO FALLIDO

En enero del 2012 la alcaldesa solicitó licencia al cargo para contender al Senado de la República, sin embargo, la mala reputación con la que contaba al momento, debido al presunto desvío de recursos, le costó perder la elección del 4 de julio y en ese mismo mes regresó a ocupar sus funciones como presidenta municipal de la capital potosina.

Casi al final de su administración, por sugerencia de Soberón, pretendió efectuar el cobro de 680 millones de pesos por derechos de infraestructura y licencias de lubricidad a Teléfonos de México (Telmex) empresa del magnate Carlos Slim Helú, para poder cubrir la deuda que acumuló en menos de tres años. Telmex impugnó y no pudieron cobrar el dinero; el litigio continuó hasta que en junio del 2015, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado resolvió a favor de la empresa.

NO PISÓ LA CÁRCEL 

La deuda de casi 500 millones de pesos que acumuló Labastida Aguirre fue comparada en ese entonces con las deudas millonarias que generaron el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira y el ex gobernador de Tabasco,  Andrés Garnier Melo; uno renunció al PRI y el otro fue a prisión, mientras que la priista nunca fue enjuiciada por desfalcar al municipio.

La razón por la que no habría sido procesada, señalan versiones periodísticas, es porque habría tenido como “padrino político” al secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio; igualmente apuntan a que parte del dinero que desvió durante los tres años como presidenta municipal  habría sido para financiar la campaña presidencial del priista Enrique Peña Nieto.

En 2015 el juez sexto local liberó una orden de aprehensión contra la exalcaldesa priista Victoria Labastida Aguirre; su Tesorero, Agustín Soberón; el ex secretario del ayuntamiento Emigdio Ilizaliturri; la ex contralora Glafira Ruiz y el ex regidor priista Miguel Ávalos Oyarvide por los delitos de peculado, uso indebido de la función pública y otros, por los 464.8 millones de pesos que habrían sido desviados durante su gestión.

La noticia fue confirmada por el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, dos días después de haber asumido el cargo. Sin embargo en 2018 los cinco ex servidores públicos municipales fueron exonerados por un juez federal.

Su sucesor en la alcaldía capitalina, el priista Mario García Valdés, recibió la administración 2012-2015 con una situación crítica por falta de liquidez, con pagos pendientes a bancos, proveedores, fondos ajenos e impuestos. Dicha situación financiera lo obligó a contratar un crédito por 300 millones de pesos al inicio de su gestión, para poder solventar el pago de pasivos acumulados.

Después de su fallida administración, la ex alcaldesa priista no ha vuelto a ocupar un cargo público y se ha mantenido en el anonimato desde entonces.