La elección de la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por parte del H. Congreso del estado, es un hecho donde la duda impera y deja a muchas personas insatisfechas tanto en el entorno como al interior de la propia CEDH.
El desaseo del proceso electivo a todas luces muestra hasta que grado la intromisión a la soberanía del Congreso se da por parte de un Ejecutivo estatal inseguro y opaco. La duda sobre la legalidad de la elección, el colocar a la CEDH como “moneda de cambio” y sometida a la presunta corrupción denunciada por diputados y diputadas en el pleno el día de ayer; debería ser motivo suficiente para invalidar dicha elección, pues aplicaría la doctrina del fruto del árbol envenenado.
La ilegal intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Legislativo no es un asunto menor. Estamos hablando de una invasión de la privacidad y la soberanía del H. Congreso, que finalmente impuso su interés, sobre el interés público y de la sociedad, y lamentablemente el de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Imponerle algo al H. Congreso implica una imposición al pueblo, pues el Legislativo es el representante de este.
Algunos resultados de esta felonía son:
Primero, la presidenta y el consejo de la CEDH al surgir en esta condición, cargarán con el estigma de la “imposición” de un ombudspersons a modo del gobierno en turno.
Segundo, si de por si estaba debilitada la credibilidad de la CEDH por el pésimo y lamentable desempeño de sus dos anteriores titulares –también impuestos- , ahora su credibilidad tiene que ser remontada desde cero, pues tales actos de imposición solo nos han dejado inertes ante las omisiones, actos y abusos de las autoridades de los distintos niveles de gobierno.
Tercero, la CEDH carga con un rezago de incumplimiento en la emisión y acatamiento de Recomendaciones, pues a la fecha son innumerables los casos en los que debieron emitirse recomendaciones y otros tantos, donde debieron canalizarse al Congreso diversos incumplimientos a recomendaciones de personajes de las administraciones municipales y estatales, para que fuesen llamados a cuenta por incumplirlas. Ante tal cúmulo de inacciones de la CEDH, esta se encuentra muy alejada de la ciudadanía. Cuarto, al interior de la CEDH el ambiente laboral resulta impactado por la inercia que han dejado las “imposiciones” de los titulares y el temor de las personas que ahí trabajan es que la nueva titular sea “más de lo mismo”, solo que ahora con “paridad de género”.
Quinto. Ante el descredito que han generado las dos últimas administraciones de la CEDH y la duda que impera en la reciente elección de la ombudsperson, la ciudadanía ya no cree en nada, ni en nadie.
Así que no bastarán modificaciones espectaculares a su administración u organización; sino actos concretos de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y colectivos de la ciudadanía, particularmente de los grupos más vulnerables, como lo son: las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas adultas mayores, las personas indígenas, las persona en situación de migración, las personas con discapacidad y las propias víctimas y sus familias.
Tan solo para recordar temas pendientes tenemos a las personas de las comunidades indígenas de las región huasteca y media del estado, así también las asentadas en la ciudad capital, sometidas por la exclusión, el racismo, la discriminación, la violencia institucional y el despojo de sus tierras; las y los jornaleros agrícolas víctimas de trata laboral en los campos potosinos, los migrantes sin techo y sin servicios abandonados por los ayuntamientos y desarrolladores; las niñas, niños, adolescentes, las personas adultos mayores, jóvenes y mujeres en condición de calle ante la mirada omisa de quienes deberían atenderlos; las víctimas de desapariciones forzadas; las violencias sobre los derechos de las mujeres, así como las víctimas de feminicidios, revictimizadas por la pasividad de las autoridades; la exclusión y violencia que viven las personas con discapacidad; el abandono y las violencias a los adultos mayores. Por ultimo y no por ello menos importante, dado que nos interpela a la ciudadanía en general es la agresión gubernamental sobre el medio ambiente, el agua y el suelo que también son derechos humanos; como es el caso de la agresión inmobiliaria y municipal sobre la sierra de San Miguelito, la contaminación ambiental provocada por las termoeléctricas y la industria citrícola en la huasteca, los tiraderos tóxicos proyectados en el altiplano a costa de la salud de las personas…y muchos e innumerables asuntos en materia de derechos humanos y que requieren de respuestas inmediatas.
El reto es enorme, y ya no estamos para más simulaciones.
