Al arribo del nuevo Gobierno del Estado, los rumores van y vienen entre funcionarios que conforman la burocracia estatal, entre ellos asoman los relacionados con la reestructuración y/o descentralización de algunas instituciones. Ello da la oportunidad de reflexionar en que la función primordial del conjunto institucional es servir a la sociedad en la atención de sus necesidades y garantizar sus derechos y libertades.

Una institución que en realidad no ha tenido una real oportunidad de ser debidamente impulsada es el Instituto de desarrollo humano y social de los pueblos y comunidades indígenas del estado de San Luis Potosí, (INDEPI) el cual fue instituido mediante el decreto 795, publicado el 24 de diciembre de 2011.

Hay que destacar que la creación del INDEPI se origina por iniciativa de las propias comunidades indígenas y que fue ampliamente respaldada por innumerables comunidades Tének, Náhuatl y Xi’ Úi. En realidad, su impulso y creación es un caso inédito, mismo que mereció una votación unánime de la legislatura tras un titánico esfuerzo de cabildeo con las distintas fuerzas políticas.

Dicha iniciativa fue motivada por la apremiante necesidad de contar con una institución local especializada para impulsar el desarrollo humano y social de los pueblos y comunidades originarios con una perspectiva de derechos, intercultural y de género e incidir en la transversación de la política pública hacia estos con amplia participación de los mismos. Era urgente que se contara con una institución que facilitara la aplicabilidad del conjunto de disposiciones locales en materia indígena.

Sin embargo, lamentablemente, aun teniendo un marco jurídico de primera, la administración pasada “secuestro” a la institución y la convirtió en una agencia de colocaciones –eso si corriendo a la única abogada indígena Tének que trabajaba ahí- y “congeló” a los que osaban demandar respeto a los derechos de los pueblos y comunidades. Incluso uno de sus primeros actos fue omitir la consulta para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo, generando una ruptura en el diálogo intercultural emprendido con mucho esfuerzo por las propias comunidades, dando pie a una crisis que generó a múltiples e incesantes reclamos jurisdiccionales que acotaron las omisiones y las violaciones al derecho de consulta de los pueblos originarios, hasta rematar en la acción de inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció desechando la Ley electoral del Estado. Es decir; inicio mal y terminó peor.

No es que la ley de consulta sea muy exigente, es que los directivos responsables de aplicarla, simplemente no eran aptos y competentes para asumirla. Recordemos que las leyes son para proteger derechos, no para encubrir incompetencias.

 Así, dada la incompetencia de sus directivos y de quienes les asesoraron, el INDEPI solo fue usado para “torcer” el derecho y simular en todo, sin hacer mucho. Esos directivos nunca entendieron que dirigían un organismo público sectorizado nada menos que a la oficina del Gobernador del Estado; menos aún asumieron las enormes ventajas de contar con personalidad jurídica y patrimonio propio; autonomía operativa, de gestión, técnica, presupuestal y administrativa; y mucho menos, los directivos tuvieron la capacidad de gestión, que influyera directa y de manera transversal en el actuar de la política pública local.

El nuevo gobierno que al asumir el poder se vistió de fiesta al protestar en la plaza de fundadores recibiendo símbolos de poder indígena y comunitario, ahora tendría que romper con la “herencia maldita” y retomar al INDEPI para establecer el Sistema estatal de desarrollo social y humano para pueblos y comunidades indígenas que es una de las deudas que se tiene en lo inmediato con los pueblos originarios. Es urgente que se impulse la transversalización de la política pública y que cada institución presupueste de conformidad a su mandato y con un enfoque de interculturalidad, pues eso no ha sucedido y si se quiere realmente modificar las actuales condiciones de vida de las comunidades originarias; hay que exigir el máximo esfuerzo institucional para resarcir los daños causados por el abandono y la simulación pública.

En el entendido que el dinero no lo es todo, resulta vital la participación social de las comunidades originarias y aprovechar su capital social depositado en su población organización, territorios y sistemas normativos. No se trata de suplir la iniciativa social en la atención de sus propios problemas y necesidades, al contrario, se trata de retomar la sustancia social para optimizar los presupuestos y multiplicar sus resultados e impactos. Pues es obvio que las arcas están endeudadas y que hay que recurrir a estrategias que permitan optimizar recursos al máximo.

Lo que sería un grave error es creerle al pasado y se continuase impulsando consultas falsas o derrochadoras de recursos públicos, las comunidades originarias ya no pueden apretarse el cinturón, es inadmisible que se continúe manteniendo mínimos presupuestos para las poblaciones más vulnerables. En el caso del INDEPI, lo que se requiere es reestructurarle y definir prioridades, recordando que los más vulnerables y pobres van primero y no al último. Pues los pueblos y comunidades originarias no tienen por qué pagar las incongruencias e incapacidades del gobierno anterior; es decir no tienen por qué pagar por los platos rotos, cuando ni siquiera fueron invitados a la mesa.

Bien vale la pena recordar la célebre obra de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, en la que aparece la aleccionadora frase que dice: “Pagan justos por pecadores”.

 

  

 

Observatorio Indígena Mesoamericano.