Para desgracia de los ciudadanos, una de las mayores debilidades de quienes se dedican a la cosa pública es la que adolecen por el dinero. Sin importar cuánto hayan acumulado de manera lícita o ilícita, su hambre por acumular más y más jamás se sacia.
Y claro, habrá voces que protesten y digan que esta fragilidad no es exclusiva de este grupo… Concedido, pero esto no resta validez al argumento de que tal mal causa graves estrategos al conjunto del enjambre ciudadano.
“Entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero” suele ser una de las normas que guían el andar de estos desdichados. Desdichados, para sí y para todo el entorno social, pues, las más de las veces, el daño que causan se cuantifica en millones, decenas de millones, cientos de millones y hasta en miles de millones de pesos… amén del daño irreparable que hacen a la ética pública con su actuar deshonesto y ruin.
Y todo apunta a que la gestión del anterior gobierno de San Luis Potosí, encabezado por el priista Juan Manuel Carreras, será ejemplar en lo que toca a estos perversos excesos.
Para sorpresa de muy pocos, pues se había adelantado que brotaban comportamientos irregulares en diferentes áreas del gobierno pasado, un nuevo escándalo toca a la puerta del exgobernador tricolor Juan Manuel Carreras… Y no menor, pues se trata de aclarar cuál fue el destino de más de mil millones de pesos.
Para mayor claridad, vayamos por partes:
1. Durante la “administración” de Carreras, se aseguró que, con el fin de que Ford instalara una planta en San Luis Potosí, se había adquirido un predio de 220 hectáreas a dos familias prominentes y harto beneficiadas en el estado, la Del Valle y la Rangel.
2. El entonces gobernador dijo una y otra vez que habían invertido más de mil millones de pesos en comprar y equipar el terreno para la adecuada operación de la firma estadounidense.
3. En 2017, la empresa automotriz canceló sus planes para el estado. Sin embargo, una vez que la armadora estadounidense determinó no asentarse en la entidad, se informó que ésta cubrió una indemnización de 65 millones de dólares.
4. Pero ahora, los potosinos se enteran que todo esto es falso: que el terreno nunca se pagó y que sigue perteneciendo a sus dueños originales, las adineradas familias Del Valle y Rangel, quienes además demandan “gastos de mantenimiento”.
5. Ante la información, el gobernador Ricardo Gallardo añadió otro ingrediente: afirmó que en la transa-cción hubo un “sobreprecio” de 600 millones de pesos.
Así las cosas. Los números no cuadran y el destino de los millones no está claro. Muchas preguntas tiene Juan Manuel Carreras sobre su escritorio y urge que las aclare.
Esto huele mal. Para el cierre, quede: “A gloria huele el dinero, aunque se saque del estercolero”. Poco que añadir. Esto hiede. Hasta la próxima.
