ContraRéplica San Luis Potosí ha estado documentando los excesos que los gobiernos comandados por el PRI y el PAN cometieron con el único fin de congraciarse con algunos sectores de la entidad, sin importarles el daño que causaban a las finanzas y los problemas que dejaban a los gobiernos posteriores. Sí, lo que ya se conoce coloquialmente como “la herencia maldita”.

Desde el gobierno del panista Marcelo de los Santos (2003-2009), los más de 5 mil trabajadores sindicalizados del gobierno del estado gozan de doble servicio médico: el particular y el público, vía el Instituto Méxicano del Seguro Social (IMSS). Con un costo ciudadano de 600 millones de pesos al año.

Por esta “herencia maldita”, el gobierno estatal tiene que erogar al mes más o menos 50 millones de pesos. Y si bien, el gobierno es el que desembolsa esos nada despreciables millones, habrá que preguntarse quién se los embolsa.

Por los servicios del IMSS, ha señalado esta casa editorial, se pagan aproximadamente 23 millones de pesos al mes.

Pero qué creen, estimados y nunca bien ponderados lectores, los trabajadores sindicalizados no acuden a esta institución para atenderse de sus males reales o imaginarios. Para bien o para mal de su salud, desdeñan la atención de la institución de seguridad social más importante y grande México, que, recientemente, ha sido ejemplar para enfrentar la mortal pandemia de la Covid1-19… Más allá de la estigmatización que ha sufrido el instituto por parte de quienes desde viejo han alentado la privatización de todos los servicios que presta el Estado.

Para bien o para mal de su salud, la gran mayoría de los burócratas optan por los servicios médicos particulares. Claro, sin costos directos para sus bolsillos… Sin poner en la mesa la falsa generalización de que el particular siempre brinde un mejor servicio.

Esta sangría a las finanzas del estado ha hecho que el gobierno se plantee la cancelación definitiva del servicio del IMSS con el fin de  optimizar recursos, como parte del programa de austeridad de la nueva administración.

Sin embargo, también hay voces, incluso en la iniciativa privada, que plantean que los más de 5 mil burócratas del estado sean atendidos en el IMSS, como sucede con millones de trabajadores y empleados en el país, dejando de lado ya excesos, tratos privilegiados y mala administración de recursos. Lo que permitiría al gobierno actual destinar los dineros del doble servicio a proyectos que beneficien al grueso de la población.

Se piense en una o la otra de estas opciones, hay una coincidencia por demás razonable: de los 600 millones de pesos anuales que el gobierno del estado ha destinado para el pago de los dos servicios médicos, además de lo exorbitante de la cifra, casi el 50 por ciento de ese desembolso ha sido inútil, innecesario.

Habrá que preguntarle al resto de los potosinos qué piensan
de este trato singular para los burócratas que, si bien para ellos es “una conquista sindical”, suena mal… muy mal.

De cierre: “Siempre protesta el que pierde un privilegio o una ventaja, aunque la goce indebidamente”.