Dice el refrán que “no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue”, y en materia de seguridad, cuanto antes es tarde. Para bien de los potosinos, así lo entendieron los integrantes del Congreso local.

El pasado jueves 17 de marzo, el pleno del Congreso del estado aprobó por unanimidad, 25 votos a favor, la reforma constitucional, así como modificaciones a varios artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley del Sistema de Seguridad Pública y Ley de Tránsito, para crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Civil Estatal.

Relevante es, y hay que subrayarlo, que la propuesta haya contado con el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local.

Desde el miércoles 19 de enero, día en que presentó la iniciativa para crear la Guardia Civil, el mandatario estatal, Ricardo Gallardo Cardona, adelantó que ésta será el instrumento fundamental para abatir la inseguridad en la entidad y enfrentar en mejores condiciones a los grupos del crimen organizado.

Anticipándose a unos de los cuestionamientos recurrentes contra la conformación de este nuevo esquema para proveer de seguridad a los potosinos, Gallardo explicó que éste no representa la militarización de los cuerpos policiacos, que estaba previsto un mando militar o civil, de acuerdo con la determinación de cada titular del Ejecutivo.

Que la Guardia Civil tendría una real capacitación, equipamiento de vanguardia, atribuciones para utilizar armas de fuego de alto poder dentro de sus operaciones contra la delincuencia y una coordinación más estrecha con otras fuerzas de seguridad, como la Guardia Nacional.

Para la creación, implementación y operación de ese cuerpo de seguridad, adelantó, el Congreso local tenía preautorizado, en el gasto anual 2022, 350 millones de pesos, cantidad que se podría incrementar a los 500 millones de pesos para el siguiente año, 2023.

El mandatario estatal afirmó que la Guardia Civil de San Luis Potosí podría ser considerada “un proyecto piloto” replicable por las otras entidades del país para enfrentar la inseguridad, que hoy por hoy es una de los principales preocupaciones ciudadanas.

Así, entre los cambios que vienen están que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado pasará a ser la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual tendrá el control de la Guardia Civil. Este nuevo organismo supervisará a la Guardia Civil, creará los cuerpos de seguridad necesarios, así como los programas para el combate al delito en el estado, tendrá bajo su control el sistema penitenciario y el de justicia para adolescentes, y coordinará en lo operativo a los cuerpos estatales y municipales.

Ahora los municipios tienen la palabra:

Debido a que se reformó el artículo 88 de la Constitución Política del Estado, deberá ser aprobada por la mayoría más uno de los 58 cabildos de los ayuntamientos, es decir, 30 municipios, los cuales tienen 60 días para cumplirlo.