El lunes 28 de marzo, el Cabido municipal sesionó para instituir la Unidad Especializada de asuntos indígenas en el ayuntamiento de la capital de San Luis Potosí, dicha Unidad se conformará prácticamente por un colegiado representativo de las comunidades indígenas que con o sin registro, podrán incidir en la agenda pública del ayuntamiento. Hay que recordar que tal acto se desprende de una sentencia que tiene su antecedente en mayo del 2019, cuando la comunidad Mazahua asentada en San Luis Potosí interpuso un amparo, el cual generó que el juzgado octavo de distrito, ordenara al Ayuntamiento de San Luis Potosí conformar la Unidad especializada de asuntos indígenas con base en lo dispuesto en la ley reglamentaria del artículo 9° de la Constitución en la entidad.
Con ello, era la segunda ocasión, que, a través de un amparo, se reconocía el derecho de las comunidades indígenas en general y en particular de la comunidad Mazahua en San Luis Potosí, de ser consultadas y de contar con una representación indígena en las administraciones municipales. El primer precedente jurídico fue el amparo 447/2016, con la que cuestionaron al gobierno del estado, en su omisión por no consultar a las comunidades indígenas en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, en la pasada administración.
Ambos casos fueron postulados por la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y ambos fueron suscritos como actor principal por Vicente Domingo Hernández Ramírez, representante de la comunidad Mazahua.
Estos casos configuraron un precedente jurídico de enorme importancia, fueron pasos fundamentales en el reconocimiento del derecho humano a la consulta, participación y a la representación política de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en la entidad.
Con este acto se cierra una etapa de profundos diferendos e iniciará otra en la que las representaciones indígenas de la capital tendrán que asumir colectivamente la toma de decisiones para impulsar políticas publicas que respondan a sus necesidades de desarrollo. Por otro lado, el Gobierno municipal tendrá que capacitar, y asignar presupuesto suficiente a esta unidad para que realmente pueda desarrollarse y se consolide como un ejemplo de respeto a los derechos humanos e indígenas en el Estado. Lo cual es un reto vigente
