La clase política y empresarial sucumbieron ante el tremendo entramado legislativo con motivo de la Reforma Eléctrica y Minera. El entramado involucra a actores económicos, políticos y de distintos calibres, hasta transnacionales. Por ejemplo: el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar fue Secretario del Interior en la administración de Obama (2009-2013), Senador Demócrata (2005-2009), jefe del equipo de transición en la campaña de Hillary Clinton y nombrado embajador en México en 2021. Fue también el encargado de gestionar los recursos naturales en Estados Unidos y de su administración de parques nacionales, de mantener el diálogo con las comunidades indígenas. Destaca la manera en que otorgó permisos de exploración a la petrolera Shell en el Ártico, levantando la polvareda de la indignación en organizaciones ambientalistas que, en 2012, le cuestionaron sus vínculos con el sector empresarial de la industria y la minería.
Nótese el tamaño del personaje que en diversas ocasiones tocó puertas de las oficinas del Presidente de la República acompañado por John Forbes Kerry, ex militar que fue Secretario de Estado con Obama, senador demócrata (1985-2013), candidato a la presidencia en 2004, teniendo un papel protagónico en asuntos internacionales: terrorismo islámico, la guerra en Siria y el acuerdo de un programa nuclear con Irán. La mancuerna, Ken y John, reiteraron privada y públicamente su preocupación por la Reforma Eléctrica, tachándola como violatoria de lo suscrito en el T-MEC.
Destaco parte del historial de ambos actores para dimensionar la importancia estratégica del tema, pues la presencia de estos personajes, considerados como “pesos pesados”, tendrán que lidiar con un gobierno Obradorista que reivindica la Soberanía Nacional con sabor a chile tabasco.
La confrontación no solo ha sido entre la nomenclatura política opositora y el gobierno hegemónico obradorista, pues esto sale de ser un asunto doméstico para redundar en el tema geopolítico de agenda global, más aún cuando surge la guerra híbrida mundial entre naciones de la talla de Estados Unidos, Rusia y China.
Lo que sucedió en San Lázaro en días pasados no es nuevo. Los cabildeos de los intereses de las grandes corporaciones de la energía tienen décadas actuando en el diseño y la configuración de una arquitectura legal que garantiza el saqueo y el despojo del territorio mexicano. Con sus cantos de sirena lograron seducir a un sector de la burocracia política del Estado Mexicano, que otrora se distinguió por su nacionalismo y, hoy, por su alineamiento a la transacción global.
La actual oposición la conforman los alineados locales a la transacción global, y su comportamiento obedece incondicionalmente a los intereses externos que tratan de impedir la recuperación de áreas estratégicas de la política energética de México. Estos simpatizantes, adictos a lo externo, han contribuido a la edificación de un sistema de saqueo y despojo durante décadas, y esto tuvo su momento culminante en el arrebato legislativo de 2013 con la llamada reforma energética. Este cambio legislativo está estructurado con base en la emisión de siete leyes y la reforma de las ocho que ya estaban en funcionamiento.
Las siete nuevas leyes fueron: La Ley de Hidrocarburos, Ley de la Industria Eléctrica, Ley de Energía Geotérmica, Ley de Petróleos Mexicanos, Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Las ocho que se reformaron son: Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera, Ley de Asociaciones Público Privadas, Ley de Aguas Nacionales, Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley orgánica de la Administración Pública Federal.
