La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH), informó que realiza dos investigaciones para determinar si el servicio emergente de la Línea 12 viola el derecho a la movilidad de los miles de usuarios que llevan un año sin Metro.
De acuerdo con el Segundo Visitador de la CDH, Iván García Garate, una de las investigaciones que se abrió de oficio tras el desplome en el tramo entre las estaciones de Tezonco y Olivos es la posibilidad de que la suspensión del servicio afectara el derecho a la movilidad de las personas.
Respecto a la segunda investigación, inició este 2022 después de un vecino acudió a la CDH a quejarse de que el servicio con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros, Metrobús y trolebuses del Servicio de Transportes Eléctricos le causaba afectaciones, principalmente, por la lentitud de los traslados.
“La línea de investigación que estamos trazando tiene que ver más, sobre todo, con los tiempos de traslado, más que otra cosa, y en específico cómo se han ido afectando de alguna manera en toda la zona con estos intervalos en que pasan los trolebuses y los metrobuses y la cantidad de gente que puede subir y demás, es más por eso lado va la línea de investigación”, señaló García Garate.
El funcionario indicó que las investigaciones buscan determinar si servidores públicos capitalinos tienen alguna responsabilidad por no garantizar el derecho a la movilidad en el oriente de la Ciudad de México.
“Lo que busca es ver si efectivamente hay una responsabilidad y, además de restablecer la responsabilidad, sobre todo, si hay o si hubo una forma en la que se buscó solucionar la problemática y la restitución del derecho específico, además de las responsabilidades que en un momento determinado pudieran llegar a tener algún servidor público en concreto, lo que buscamos aquí como comisión es apuntalar el proceso, sobre todo, hacia la solución de la problemática y a la restitución del derecho en específico”, dijo.
Finalmente, dijo que no hay una fecha concreta para que las investigaciones concluyan, pero en caso de que más personas lleguen a presentar quejas por presuntas violaciones al derecho a la movilidad el proceso podría agilizarse.
Imagen: Cuartoscuro