El crimen organizado ya no respeta ni a los indefensos animalitos, el secuestro de mascotas se ha convertido en el nuevo modus operandi, vulnerando a los propietarios y a los propios canes, que en muchos de los casos, ni siquiera les dan el cuidado o el seguimiento que necesitan en caso de que se encuentren enfermos. Pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo, una nueva iniciativa propone con castigar con una pena que va desde los  7 hasta los  13 años de cárcel por el robo, hurto, extorsión o secuestro de nuestros mejores amigos.

La propuesta lanzada por la diputada Teresa Ramos Arreola de la bancada del PVEM, contempla eliminar el robo o secuestro de mascotas como un delito genérico y clasificarlo como uno grave para conseguir elevar el nivel de protección de los peludos. Aunque esta ley contemplaría a aves, roedores y felinos entre otras especies exóticas, va específicamente para proteger a nuestros amigos peludos, pues son los que más incidencia de hurto tienen.

Lo más triste, es que este crimen ha ido creciendo desde hace casi una década a grado de pasar de casos aislados a convertirse en una práctica recurrente, donde ya ni siquiera tener una vida de perro es seguro. Ramos, explicó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tiene la mayor evidencia de que el robo y   secuestro de mascotas ha ido escalando anualmente de forma plausible, pero destacó que hay que actuar antes de que se convierta en un problema grave.

El Universal, cita a la diputada al señalar que del 2012 al 2014, la FGJCDMX abrió 175 carpetas de investigación por robo de perros, mientras que del 2015 al 2018, sumaron más de 255 carpetas de investigación por el mismo delito. Mientras que  en los primeros días del 2020, nos enteramos del caso de Emilio, el bulldog inglés secuestrado en la colonia Roma y el de un pug secuestrado en Nezahualcóyotl, entre los más sonados, no obstante, no todos los casos son denunciados.

El robo o secuestro de mascotas, se puede y debe denunciar ante el Ministerio Público, donde se abrirá una carpeta de investigación y en caso de hallar a los culpables, se les castigará conforme al artículo 382 del Código Penal, con uno a seis años de prisión y una multa que va desde las 100 veces el salario mínimo.  De ahí la importancia de esta iniciativa, que tendrá que pasar por la aprobación del Congreso de la Ciudad de México, para posteriormente enviarse a senado para su ratificación.

Por Sopitas