Pese a que en el Estado de México desde hace ocho años se incorporó el feminicidio como tipo penal en el Código Penal, las cifras siguen aumentando desde el 2020, por lo que tan sólo de enero a junio de este año se han iniciado 7 mil 945 carpetas por lesiones dolosas, 76 por feminicidio, 120 por homicidio doloso y 129 por homicidios culposos contra mujeres, denunció la diputada Azucena Cisneros Coos.
Ante ello, dijo, se impulsa la ley para abatir feminicidos, “pues los legisladores estamos obligados a promover, respetar, proteger y garantizar que las mujeres puedan acceder a vivir una vida libre de violencia”.
La legisladora mencionó que no hay cifras reales de la violencia a las mujeres, según las cifras reportadas al Inegi, entre 2014 y 2015 ocurrieron 770 homicidios de mujeres, en tanto que los informes entregados sólo reconocieron 586 mujeres asesinadas, es decir, 31 por ciento menos, por lo que consideró prioritario eliminar la violencia y discriminación contra las mujeres.
Al proponer expedir la Ley Para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio en el Estado de México explicó que la iniciativa para crear dicha Ley, conformada por 73 artículos y que propone derogar el tipo penal de feminicidio previsto en el Código Penal del Estado de México, a partir de su entrada en vigor, persigue establecer que toda privación de la vida de una mujer, incluidas aquellas que de manera inicial parecieran no haber sido causadas por motivos criminales, como suicidio y accidentes, debe ser investigada como un probable feminicidio.
Enfatizó que, esto, con el fin de favorecer una exhaustiva investigación, en el marco de legalidad y de respeto a los derechos humanos de las mujeres y de sus familias.
Explicó, que la normatividad, establece los principios bajo los cuales deben implementarse y evaluarse las acciones, medidas, mecanismos y procedimientos, así como la planeación, programación e instrumentación de políticas públicas para la prevención del delito de feminicidio y delitos vinculados.
Azucena Cisneros, destacó que la investigación del feminicidio y de los delitos vinculados se iniciará de manera inmediata y exhaustiva, la investigación deberá de allegarse de datos mínimos para el esclarecimiento de los hechos, por lo que se autoriza al Ministerio Público a la utilización de cualquier medio, instrumento o herramienta para la obtención de pruebas, siempre que ésta no contravenga los derechos humanos y no violente el orden jurídico.
Además, refirió la integrante de la bancada de la Esperanza, “destaca la suspensión temporal de la custodia de los menores a cargo del investigado por femicidio, la cual la ejercerá temporalmente quien corresponda de acuerdo al interés superior de la niñez”.
Señaló que de acuerdo con la investigación “Las Muertas que no se ven: el limbo de los feminicidios” de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en colaboración con la plataforma CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas, los vacíos legales y la falta de unificación en el concepto legal de violencia de género han permitido que menos del 20 por ciento de los asesinatos violentos contra mujeres sean reconocidos como feminicidios.
Y detalló, que además del análisis de datos se identificó que algunas Procuradurías o Fiscalías tienen un sub registro de homicidios de mujeres; reportaron menos crímenes de los que en realidad ocurrieron, tal es el caso del Estado de México. Según las cifras reportadas al Inegi, entre 2014 y 2015 ocurrieron 770 homicidios de mujeres, en tanto que los informes entregados sólo reconocieron 586 mujeres asesinadas, es decir, 31 por ciento menos.
También refirió, que a pesar de que, en 2014, se incorporó el feminicidio como tipo penal en el Código Penal del Estado de México, las cifras siguen aumentando, desde 2020, el Estado de México se posesiona como la entidad con más muertes de mujeres por feminicidio y las cifras no corresponden a las que presenta el gobierno estatal.
Por: Excelsior
Imagen: Cuartoscuro
