La propuesta del Ejecutivo federal de reformar las condiciones en que actualmente se desarrollan las actividades del Instituto Nacional Electoral (INE) no debe observarse como un retroceso, respecto al proceso evolutivo que ha tenido nuestro país en la búsqueda de la plena consolidación de la democracia. El INE, como toda institución, es perfectible, y requiere de una actualización consistente para estar en sintonía y acorde con los nuevos tiempos sociales.
Al INE no se le puede restar mérito en un tema tan relevante como es la democracia; sin embargo, tampoco es aceptable que este organismo goce de una autonomía que lo lleve a interpretar condiciones legales solo en un círculo cupular, las cuales, en muchas ocasiones, han atentado contra los derechos naturales de los ciudadanos; es decir, su autonomía no debe ser una carta abierta para imponer su criterio, ante las muchas lagunas que en materia interpretativa y operativa se puedan presentar.
En este espacio, en repetidas ocasiones, he escrito que los partidos políticos en la actualidad requerían de agruparse en bloques para incrementar sus posibilidades electorales, y que de forma natural también, al menos en el pasado proceso electoral, se definió cómo quedaría la alineación de los bloques; por un lado, el partido Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), conocido como el bloque liberal, por la condición de izquierda del partido que lo encabeza, es decir, Morena; y por otro lado, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), conocido como el bloque conservador o de derecha, debido a que los mayores dividendos electorales y parlamentarios los ha logrado Acción Nacional en los últimos procesos.
Esta alineación no sólo se basa en su condición ideológica, también es una forma de dar una identidad y clasificar lo que en los hechos, prácticamente, se ha concentrado en dos alternativas.
Partidos como el PAN y el PRD, en sus propios estatutos y en su conformación de origen, eran unos francos opositores al Partido Revolucionario Institucional, entonces es claro que si los partidos políticos evolucionan o se transforman en su vida interior, por qué no deben hacerlo las instituciones responsables de dar cauce a los procesos democráticos.
El INE es una institución que carece de perfección. En diversos procesos hemos observado una institución impositiva, debido a las interpretaciones legales que emanan de su propio juicio, las cuales han violentado en muchos casos los derechos de las organizaciones políticas y, como consecuencia, de los ciudadanos.
El INE responde en muchas ocasiones a un tiempo político o mediático, y no necesariamente antepone la democracia como su eje. Nadie está matando la democracia. Posiblemente esta es la oportunidad para perfeccionarla.
La transformación institucional es requisito para garantizar la evolución de toda sociedad, el INE no es ni debe ser la excepción.
Somos un país al que la globalización alcanza, y pugna porque sus ciudadanos cuenten con información suficiente y vasta para aplicar su criterio, sus creencias y hasta sus motivaciones sentimentales. Los ajustes parlamentarios a la vida social deben buscar siempre una sana, justa y equilibrada convivencia.
La democracia es el resultado final de atender el derecho inalterable de los ciudadanos, respecto a quién debe conducir sus destinos en la vida pública, gubernamental, y si esto resultase un error, la mayoría es quien lo decide.
La democracia es la voluntad de la mayoría.
