Los diputados de Morena ya determinaron que si para el 25 de noviembre no hay acuerdo con los partidos políticos de oposición sobre la reforma electoral, ellos presentarán cambios a leyes secundarias para las cuales les alcanzan los votos.

En una entrevista con medios de comunicación, el diputado Hamlet García Almaguer advirtió a las fracciones parlamentarias que “asuman su responsabilidad” y reveló que ya están al tanto de los planes de Morena, pues así se los explicó el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier Velazco.

En entrevista, García admitió el escenario de un rechazo a la reforma constitucional con el voto opositor en contra y, en ese caso, Morena presentaría de inmediato una iniciativa de reformas a la legislación secundaria que no requiere de consenso con la oposición.

“Tienen hasta el 25 de noviembre para que podamos ir en un dictamen de consenso en comisiones y si esto no ocurre, Morena va a insistir con la iniciativa presidencial, sobre todo, contando con el respaldo ciudadano”, aseguró en alusión a las encuestas que muestran un amplio respaldo a las propuestas presidenciales en la materia.

Sin embargo, dijo, la oposición tendría tres consecuencias: primera, no participarían en la discusión de la reforma secundaria o sería intrascendente su opinión; segunda, seguiría el proceso de designación de consejeros y Morena designaría por lo menos tres de los cuatro consejeros electorales en abril de 2023, y tercera, la sanción por parte de los ciudadanos y el electorado a los opositores por votar contra la iniciativa.

El legislador reconoció que para la designación de consejeros electorales se requiere de mayoría calificada de dos terceras partes, pero sostuvo que, en su caso, sería “muy sencillo” llegar a un acuerdo con alguna de las bancadas de la oposición.

Precisó que con el Plan B de reformas a la legislación secundaria no sería posible reducir el número de consejeros y magistrados electorales, ni establecer su elección por voto popular, y tampoco recortar el financiamiento público a partidos políticos.

Sin embargo, sería posible avanzar en el voto electrónico, las acciones afirmativas, modificar la estructura del INE, así como acotar sus facultades en normas procesales y temas de fiscalización para evitar “sanciones excesivas” como la cancelación del registro de candidatos por incumplir reporte de gastos, como ocurrió en Guerrero y Michoacán.

Imagen: Cuartoscuro