Aunque el escape de tres internos del Reclusorio Sur federal, en la Ciudad de México, fue más mediático debido al nexo que los fugados tienen con Joaquín 'El Chapo' Guzmán, en los otros casos también se exhiben las deficiencias de seguridad de los penales.

En San Luis Potosí fue José Bartolo "N" quien se escapó el 18 de enero de la zona de talleres en el Cereso de Matehuala, aunque fue aprehendido un día después.

El 29 de enero, mismo día de la fuga en el Reclusorio Sur, en Quintana Roo se escapó de la policía ministerial el presunto jefe de sicarios Bryan 'Z'.

El colombiano, señalado como integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), utilizó como escape una ventana de las instalaciones ministeriales en Cancún, Quintana Roo.

Su fuga provocó el despido del Fiscal de Narcomenudeo, Julio César Moreno Orendáin, a quien el 11 de ese mismo mes habían ligado con el CJNG en una narcomanta colgada junto a tres cabezas.

En el penal 'Jorge A. Duarte Castillo', conocido como La Mesa, en Tijuana, Baja California, el 3 de febrero un reo se saltó la barda, aunque igualmente fue capturado horas después.

Al día siguiente, en la cárcel distrital de Tlaltenango, al sur de Zacatecas, autoridades penitenciarias autorizaron que un reo recogiera escombros afuera del penal, pero escapó y los directivos del centro penitenciario quedaron sujetas a investigación.

Para David Ramírez, investigador del área de seguridad de la organización México Evalúa, los custodios son una parte fundamental para entender por qué los reos crean un ambiente de autogobierno.

"Los guardias penitenciarios tienen malas condiciones laborales, y no sólo en términos salariales, sino en movilidad laboral, horarios, prestaciones", explicó.

"En las fugas que hemos visto, es poco probable que no haya colusión con custodios, quienes, en forma sistemática, implementan sistemas de renta contra familias que tienen una persona encerrada para cobrar por visita u objetos", planteó.

Advierten incapacidad

La liberación de presuntos delincuentes en el País por deficiencias en el procedimiento de arresto o la integración de los expedientes judiciales pone en evidencia las fallas e incapacidades de las autoridades policiales y ministeriales.

Las fallas incluyen el llenado de informes con datos erróneos o falsos sobre la forma en que ocurrieron las detenciones, hasta la judicialización de expedientes endebles que se "caen" por no acreditar hechos y conductas delictivas.

María Novoa, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa, señaló que la liberación de detenidos también hace patentes debilidades de gestión institucional, vicios, malas prácticas y hasta corrupción.

"Otra vez estamos acumulando una cantidad de casos fallidos, como nosotros les llamamos, donde esencialmente el problema no es del sistema penal acusatorio, sino de cómo están funcionando los operadores", advirtió.

"Está ya muy identificado el problema y no vemos acciones precisas de parte de la autoridad para resolver la incapacidad que tiene el primer respondiente y después el Ministerio Público. Tenemos evidencia definitivamente de incapacidad".

El caso más reciente fue el de Óscar Andrés Flores, conocido como "El Lunares" y presunto líder de La Unión Tepito, liberado el sábado por un jueza federal al acreditarse --mediante un video-- que su captura no ocurrió como reportó el Ministerio Público.

Sin embargo, la Procuraduría capitalina lo reaprehendió tan pronto abandonó el penal federal del Altiplano.

"En las audiencias vemos que la debilidad no es del juez, sino del Ministerio Público, que no está haciendo su labor, su trabajo de forma efectiva, no es un problema de los jueces, el problema es que no logra acreditar con evidencia y con argumentos el MP frente al juez", añadió Novoa.

Carlos Mendoza, académico y consultor en seguridad, señaló que este tipo de liberaciones son una "deficiencia sistémica" que no se ha logrado corregir por factores como las malas prácticas que persisten en las Policías y Ministerios Públicos.

"Insisten en actuar y operar de forma arbitraria, sin seguir los procedimientos establecidos en los códigos respectivos y por supuesto en sus protocolos de actuación. Tampoco se ha terminado de capacitar, de formar y de habituar a los policías en el nuevo sistema", dijo.

"Antes, este tipo de hábitos los podían ocultar en el sistema mixto, pero ahora en el sistema acusatorio sin duda que es verdaderamente complicado, máxime cuando muchas de las evidencias que presta la tecnología, como los videos, ponen en evidencia contradicciones entre los reportes escritos y lo que realmente ocurre en las calles".

Por Reforma