Por Berenice Gutiérrez

Gobierno de Perú se compromete ante ONU a investigar uso de fuerza en manifestaciones

El embajador peruano habló ante la ONU, sobre la condición en el país, en tanto, la presidenta Dina Boluarte pidió “tregua nacional” a los manifestantes.

El embajador peruano ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, Luis Chuquihuara reafirmó este miércoles, ante el Consejo de Derechos Humanos, que el gobierno peruano investigará posibles “excesos” de las fuerzas del orden, en respuesta a las actuales protestas

 Afirmó que han sido, principalmente, grupos minoritarios de manifestantes quienes ejercieron “violencia indiscriminada”.

En su intervención en el Consejo, el diplomático destacó que, a pesar de estos grupos, las autoridades han intentado “responder dentro de los estándares internacionales de resolución de conflictos de esta naturaleza”.
“Perú está comprometido con las protestas sociales pacíficas, pero cuando lamentablemente algún sector minoritario de los manifestantes ha incurrido en violencia contra bienes del Estado o contra otros ciudadanos, las fuerzas del orden han tratado de restaurar la paz social”.

El fiscal superior provisional, Daniel Jara, agregó en la misma sesión que ya se han iniciado seis investigaciones por la muerte de 18 personas y 14 heridos en protestas en las regiones de Ayacucho, Junín, Apurímac y Lima, así como por la agresión al periodista Aldair Mejía cuando cubría los incidentes en la ciudad de Juliaca.

Perú fue sometida hoy al examen periódico sobre la situación de sus libertades fundamentales por parte del Consejo (formado por 47 Estados miembros de la ONU), el primero en cinco años para el país y que coincide en esta ocasión con la grave crisis producida tras el intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió “tregua nacional” a los manifestantes, en medio de extendidas protestas que exigen su renuncia, ante los al menos 62 muertos, daños a la infraestructura y pérdidas en la producción nacional por un equivalente a unos mil 282 millones de dólares, que se han causado hasta el momento.

Dijo que el enojo es legítimo por una serie de demandas sociales postergadas, pero sostuvo que grupos radicales y bandas criminales están aprovechando el descontento social para generar el caos.