A lo largo de la historia las mujeres de todos las clases y extractos socioeconómicos hemos vivido distintos tipos de violencia sustentada en la desigualdad y en la supuesta inferioridad femenina. La crueldad con la cual somos tratadas y en ocasiones asesinadas está en todos lados, en hospitales, consultorios, agencias del ministerio público, medios de comunicación y morgues.

Cuando una regresa a la investigación “Violencia feminicida en 10 entidades de la República Mexicana” que sustentó la creación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia que este miércoles cumplió 16 años, encontramos las voces de las mujeres víctimas del feminicidio registradas en las instancias gubernamentales sin realmente ser escuchadas.

Por muchos años el terror vivido por las mujeres fue silenciado, acallado en la complicidad patriarcal. En medida que las mujeres avanzamos en los derechos y en las libertades, rompimos el silencio para, con el testimonio de lo vivido, rasgar el escenario social que normaliza la violencia contra las mujeres tanto en lo público como en lo privado.

Que las víctimas levanten la voz para la exigencia de justicia es un proceso resiliente para dejar de ser víctimas y ser sobrevivientes. Y eso es lo que están haciendo las víctimas de la violencia ácida, quienes empujan para tipificarlo como un delito en la Ciudad de México.

La propuesta presentada por la legisladora morenista Marcela Fuente Castillo, nombrada hasta hoy, como Ley Malena, lleva dos caminos: por un lado incluir el tipo en el Código de la Ciudad de México el delito, que de lograrse sería la segunda entidad en tipificarlo después de Oaxaca, con una sanción de hasta 12 años de prisión por las graves lesiones y cuando ponga en peligro la vida de las mujeres hasta de 30 años por considerarse tentativa de feminicidio, pero también se busca incluir el tipo en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia. 

Si bien el feminismo no es punitivista, la falta del reconocimiento de la gravedad de las violencias que vivimos mujeres y niñas, aunado a la violencia institucional por la ausencia de justicia para las víctimas de la violencia misógina ha llevado a exigir sanciones legales contra los agresores, que pongan un alto al odio contra las mujeres llevadas al extremo. 

El camino para el reconocimiento de los distintos tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres ha sido largo. En 1997 se tipificó en esta ciudad la violencia familiar, la primera entidad en todo el país. En los últimos cuatro años la resiliencia de las víctimas han construido leyes para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y niñas, solo por mencionar algunas La Ley Ingrid, La Ley Olimpia, la Ley Sabina, La Ley Monzón, Ley Monse y ahora Ley Malena. 

Esta resiliencia ha logrado avanzar en el marco legislativo, aunque no se trata de llenar las cárceles de agresores, sino, lo que se busca es dejar de tener agresores y para ello, es necesario no solo que el sistema de Justicia cumpla con la ley y castigue a los delincuentes, sino que en el ámbito social también se sancionen a los agresores, se deje de justificarlos y criminalizar a las víctimas.

Ellas ya no están dispuestas a callar, han roto con el pacto patriarcal del silencio, han levantado su voz y sus exigencias por ellas y todas las mujeres y niñas para que dejemos de ser víctima, y seamos humanas completas, libres y autónomas.

Todas estas leyes son el recordatoria de lo que no debe repetirse, son como las piedras de tropiezo que existen en Alemania para recordar a las víctimas del holocausto, para mantener viva la memoria de la indignación.

La violencia contra las mujeres es infame, porque cancela los logros alcanzados tanto individuales como colectivos y termina, en ocasiones, con la vida misma de las mujeres. 

Mantengamos viva la memoria de que la violencia deshumaniza, construye sociedades frágiles, divididas y opresivas, donde los autoritarios se imponen y replican una estructura de opresión.