Aún es marzo y la euforia violeta, así como el poder de las mujeres que tomamos las calles sigue encendido. El grito ¡Ni una más! Nos une mundialmente.

 

Las violencias contra las mujeres son diversas y es el cuerpo mismo el primer lugar para el que exigimos libertad. Así, la demanda por el aborto seguro, libre y gratuito toma una mayor relevancia.

 

La marea verde en favor de la despenalización del aborto ha llegado a diferentes partes de América Latina y El Caribe. Tenemos países donde el aborto está despenalizado: Cuba, Argentina, Colombia, Uruguay, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico. Hay otras regiones latinoamericanas y caribeñas donde las mujeres pueden interrumpir su embarazo sólo bajo ciertas circunstancias: Costa Rica, Venezuela, Guatemala, Paraguay, Perú, Brasil, Chile, Bolivia, Belice y Ecuador. Sin embargo, hay países donde las mujeres no pueden solicitar un aborto bajo ninguna circunstancia: Haití, Nicaragua y República Dominicana. México, El Salvador y Honduras, son casos a revisar:

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se calcula que anualmente en el mundo se realizan 25 millones de interrupciones de embarazos inseguros; provocando que el aborto sea una de las causas principales de muerte materna, lo que podría ser prevenible si no fuese penalizado y criminalizado.

 

En México, el periodismo feminista ha acompañado el avance de los derechos humanos de las mujeres para demostrar que un aborto es un derecho de todas y su acceso es resultado de la movilización de las mujeres. Con la Red por la salud de las mujeres logramos la Ley Robles que amplió las causales de aborto a iniciativa de la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Rosario Robles en 2007, pasaron 12 años para que se despenalizara en Oaxaca, 2019.

 

Hacemos lecturas regionales, como la marea verde argentina de aquel diciembre 2020, que anunciaba un 2021 como un gran año para los derechos de las mujeres. Y así fue, siguieron Hidalgo, Coahuila, Veracruz, Baja California y Colima en 2021, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo en 2022. 

 

También recordar la resolución del 24 de mayo 2022, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó el aborto en caso de violación sin necesidad de haber presentado una denuncia. En el caso de las niñas y jóvenes de entre 12 y 17 años, tampoco se requiere la autorización de los padres y madres. La SCJN buscó asegurar el ejercicio de la NOM-046 en todo el país para que toda víctima de violación pueda ejercer su derecho a interrumpir su embarazo de manera voluntaria y los servicios de salud están obligados a brindarle la atención necesaria.

 

En la Ciudad de México, donde tenemos acceso al aborto desde 2007, también tenemos tipificada la violencia contra los Derechos Reproductivos: Toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos, a una maternidad elegida y segura, a servicios de aborto seguro, de atención prenatal y obstétricos de emergencia.

 

Vamos a El Salvador, que justo ahora nos exige defender el acceso al aborto.

 

Beatriz nació en una comunidad rural en situación de pobreza extrema. A sus 19 años fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea. En 2011, tuvo un embarazo de alto riesgo que obligó a una cesárea de la que nació un niño pre término con síndrome de distress respiratorio y enterocolitis necrotizante. En 2013, con un segundo embarazo de alto riesgo de 11 semanas, acude al hospital por lesiones vinculadas al lupus, un ultrasonido reportó una malformación congénita en el feto, conocida como anencefalia. Beatriz solicitó la interrupción del embarazo, pero eso es imposible en El Salvador.

 

Beatriz presentó una demanda de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras un largo camino, el 3 de junio finalmente se le realizó un procedimiento de cesárea, de la que nació una niña que presentaba ausencia total de calota craneana y tejido cerebral, y murió a las pocas horas.

 

En septiembre de 2013, Beatriz había decidido presentar su caso ante la Corte Interamérica (CoIDH), la petición fue admitida en 2017, un mes antes de la muerte de Beatriz. Falleció en octubre de 2017 por complicaciones de salud y una enfermedad adquirida en el hospital tras un accidente de tránsito a los 27 años.

 

El 5 de enero de 2022 el caso Beatriz pasó a conocimiento de la CoIDH. La CoIDH estableció que la penalización del aborto puede incentivar a que las mujeres recurran a abortos ilegales e inseguros, poniendo en riesgo su salud y su vida y; que el dolor y sufrimiento que atravesó Beatriz, constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes.

 

La CoIDH concluyó que El Salvador es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial, y derecho a la salud y a la progresividad de los derechos establecidos en la Convención Americana, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y la Convención de Belém do Pará que obliga a los Estados a prevenir y sancionar la violencia contra la mujer.

 

En El Salvador, el aborto se castiga hasta con 50 años de cárcel a las mujeres, y con 12 años al personal médico que realice la intervención. Como Cejil lo ha explicado, una de las peticionarias de la audiencia en la CoIDH, el litigio del caso de Beatriz es una oportunidad para que El Salvador revise la normativa que prohíbe la interrupción del embarazo y penaliza a las mujeres y al personal médico que practiquen abortos.

 

La Audiencia Pública se llevará a cabo en San José, Costa Rica, este 22 y 23 de marzo de 2023.

 

Finalmente, y para cerrar con esperanza, el 8 de marzo Honduras nos robó una sonrisa. Después de 13 años de prohibición, Xiomara Castro, presidenta de Honduras anunció el uso y la comercialización de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE).

 

La PAE se prohibió en Honduras en 2009 bajo el falso pretexto de que era “abortiva”, su uso era libre y gratuito desde 1999. Luego se aprobó una medida a finales de 2022 en la que se permitía la venta de la PAE solo para supervivientes de violencia sexual. Hoy se puede conseguir gratis en los centros de salud, y sin receta en las farmacias, como cualquier otro anticonceptivo.

 

Que no acabe marzo sin que la marea verde inunde El Salvador, el resto de México y toda Latinoamérica. ¡Ni una Beatriz más!, ¡Justicia para Beatriz!