La directora general adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Instituto de Estadística y Geografía (Inegi), Susana Pérez Cadena, reveló que se tuvo que pagar a presuntos miembros del crimen organizado para que permitieran a encuestadores realizar su labor.

"Hay muy diversas estrategias, desde en algunos casos pagar para entrar, pagar a lo mejor cifras pequeñas, pero pagar para entrar, hasta contratar a personal de la zona que conozca muy bien a la gente de la localidad", enfatizó.

La directora adjunta del Inegi precisó que durante el primer día del censo un trabajador del instituto fue secuestrado por varios días: “pero después de eso (del pago) ya no tuvimos más, la verdad es que la experiencia del Inegi nos salva de mucho de eso".

Agregó que para levantar el Censo Agropecuario –que no se realizaba desde 2007– el principal reto que enfrentaron fue la inseguridad, misma que se acentúa y es más evidente en las zonas rurales del país.

Respecto a los resultados del censo, Pérez Cadena informó a los diputados que el sector agropecuario enfrenta serios problemas ante el alto costo de los insumos y servicios en sus localidades.

Sin embargo, precisó que el 21% de las dificultades halladas por el Inegi tienen que ver con la inseguridad; el 27.6% tienen que ver con la falta de fertilidad del suelo; mientras el 36.9% se relacionan con factores biológicos.

A esto se suma que uno de cada tres productores del campo tienen más de 65 años, lo que deja al sector con un nulo cambio generacional.