En la política, esa arena donde el poder y el juego de egos parecen ser los protagonistas, existe un actor que ha sufrido históricamente: la mujer. Percibiendo este ámbito como un escenario hostil, las mujeres han luchado en contra de la misoginia y la exposición desmedida a la crítica con un claro objetivo: excluir y disciplinar.

 

Nuestra sociedad, estructurada bajo valores de violencia, agresividad y lucha, ha socializado desde escuelas, familias y religiones asociando la masculinidad con el poder, la racionalidad, y la vida pública. En contraposición, la feminidad queda relegada a roles de dependencia, obediencia y cuidado. Así, los hombres desempeñan papeles protagónicos, mientras las mujeres quedan en un papel secundario y menos valorado.

 

Desde patios escolares hasta congresos, la creencia machista ha sido perpetuada. El patriarcado, como representación de este dominio masculino, ha permeado todos los ámbitos, institucionalizando relaciones de poder y privilegio.

 

La política, que debería ser un espacio para acuerdos y visiones diversas, se ha convertido en ocasiones en un campo para demostraciones excesivas de dominación.

 

A pesar de poder votar y ser votadas, tener paridad como derecho y disponer de leyes y políticas públicas, las mujeres aún carecen del reconocimiento, respeto y voz que se otorgan a sus homólogos masculinos. Mujeres valientes han denunciado esta violencia política, permitiendo que organismos internacionales, tribunales y congresos tomen conciencia del problema.

 

Después de 12 años y múltiples iniciativas, en 2015 se diseñó el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Este instrumento, basado en jurisprudencia, sentencias y derechos humanos, ofreció a las mujeres una base firme para sus denuncias.

 

El cambio y reconocimiento pleno de derechos para las mujeres requiere de la unión y esfuerzo colectivo. En diciembre de 2019, las diputadas de “la legislatura de la paridad”, en alianza con organizaciones como Mujeres en Plural, consiguieron reformas significativas en leyes clave. Esta reforma define con claridad la violencia política contra mujeres, estableciendo acciones y omisiones punitivas.

 

Por ejemplo, restringir el derecho al voto libre y secreto, ocultar información, proporcionar datos falsos, difamar con base en estereotipos de género y amenazar o intimidar a mujeres electas son solo algunas de las conductas ilícitas señaladas.

 

Los partidos, como entidades de interés público, deben ser interpelados por las mujeres, militantes o no. Las mujeres, constituyendo más de la mitad de la población, tienen el derecho de participar políticamente en igualdad de condiciones. Exigir que la política sea un espacio libre de violencia para ellas es esencial.

 

Es responsabilidad de la sociedad y el Estado abordar esta construcción social violenta. Los estereotipos sobre géneros están vinculados al aprendizaje cultural y a nuestros procesos de socialización. Si la violencia se aprende, la igualdad también. Es tiempo de decidir qué queremos enseñar a las futuras generaciones. Es tiempo de igualdad. Es tiempo de justicia. Es tiempo de cambio.