El gobierno de México criticó la decisión del Poder Judicial de la Federación de ordenar que ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa lleven su proceso en libertad, y apoyó la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de impugnar la decisión de la juez segunda de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio.

Mediante un comunicado, el gobierno de México afirmó que dicha decisión fue tomada debido a que dentro de las prioridades del Poder Judicial "nunca ha estado hacer justicia".

"No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso", sostuvo.

Agregó que el Poder Judicial "se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia" y que no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia. 

Recordaron que fue el mismo Poder Judicial quien liberó a 62 implicados más argumentando que habían sido torturados, pero que no ha actuado en contra de "torturadores" como Tomás Zerón, quien se encuentra prófugo de la justicia. 

Mencionaron que el PJF también trató de dejar en libertad al exprocurador Jesús Murillo Karam mediante la argucia de un "cambio de sus medidas cautelares", pero este no se logró "gracias al trabajo coordinado entre la fiscalía y otras dependencias del Gobierno de México".

"El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia", expresó.

El Gobierno de México recalcó que considera el Caso Ayotzinapa como un "asunto de Estado" y que pedirá a la FGR que haga una revisión de las medidas cautelares y los elementos probatorios que llevaron a la misma jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos. 

"De igual modo, se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación", concluyó.