La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación por el delito de corrupción de menores debido a la integración de 20 infancias a la policía comunitaria en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín Herrera, una zona afectada por la presencia del grupo criminal “Los Ardillos”.
La institución informó mediante un comunicado que la investigación se lleva a cabo "con el firme compromiso de velar por el interés superior de la niñez (…) a fin de garantizar la integridad física, psicológica y emocional de los menores".
La Fiscalía se comprometió a colaborar con autoridades estatales y federales para la prevención del delito y la concientización de los pobladores sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En el municipio se mantiene una base de operaciones mixtas con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal y Fiscalía General del Estado, con el propósito de garantizar la seguridad en la zona.
La fiscalía subrayó su compromiso de "promover, respetar y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes consagrados en instrumentos y tratados nacionales e internacionales".
La situación que motivó la investigación ocurrió el pasado miércoles, cuando cinco niñas y 15 niños de la comunidad indígena de Ayahualtempa recibieron armas para incorporarse a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
Este hecho tuvo lugar tras la privación de libertad de Cecilia Gaspar Hernández, su esposo José Teodoro Domingo y sus hijos, Roberto y Gaudencio, el 18 de enero en Zacatepec, municipio de Chilapa de Álvarez. A la fecha, se desconoce su paradero, a pesar de los operativos desplegados por las autoridades en la zona.
