Ante el incremento en los casos de extorsión en San Luis Potosí, la Comisión de Justicia del Estado analiza una importante reforma al Código Penal, específicamente a los artículos 230 y 231, que busca endurecer significativamente las penas para quienes cometan este delito. La iniciativa propone aumentar las sanciones de 10 a 15 años de prisión, además de incrementar la multa de 2,000 a 3,000 unidades de medida y actualización (UMAS).

La reforma también incluye ajustes en las penas para los casos donde se utilicen medios de comunicación para cometer el delito, proponiendo elevar la pena de prisión de 8 a 14 años, y la multa de 700 a 1,500 UMAS. Esto abarca cualquier método que permita la emisión, transmisión o recepción de información, ya sea a través de medios físicos o electrónicos, destacando un incremento en los casos donde se simula pertenecer a un grupo delictivo organizado o se empleen amenazas para influir en la víctima.

El contexto de esta propuesta se alinea con los datos recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que colocan a la extorsión como el quinto delito más común en el fuero común del estado. Las autoridades esperan que, de aprobarse estas medidas, se fortalezca la prevención del delito y se ofrezca mayor protección a los ciudadanos frente a este tipo de agresiones, particularmente en modalidades como la extorsión telefónica y el uso indebido de tecnologías para intimidar o engañar a las personas.