Un tribunal de apelación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador revirtió el fallo que consideraba ilegal y arbitraria la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, capturado durante el asalto a la embajada mexicana, además rechazó un recurso de habeas corpus presentado por Glas para su liberación, lo que significa que continuará preso en una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil.

La Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia consideró que la detención de Glas, ocurrida el 5 de abril en una invasión policial a la sede diplomática de México en Quito, condenada casi de manera unánime por la comunidad internacional, fue “legal, legítima y no es arbitraria”, la sentencia acogió los argumentos del Gobierno, que sostiene que el ingreso sin permiso en la Embajada de México en Quito buscaba evitar la fuga de un procesado sobre el que pesaba una orden de captura y que tenía aún condenas vigentes.

El pasado 12 abril, siete días después de la incursión a la embajada, el tribunal de primera instancia había determinado inicialmente que la detención fue ilegal y arbitraria por no haberse respetado el protocolo de allanamientos a delegaciones diplomáticas extranjeras contemplado en Ecuador.

El habeas corpus, promovido por el abogado Francisco Hidalgo, solicitaba a la Justicia ecuatoriana que ordenase la liberación de Glas y lo entregase a México o a un tercer país dispuesto a respetar el asilo que le dio el Ejecutivo mexicano.

La nueva sentencia emitida el pasado viernes ordenó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, que garantice y tutele los derechos de Glas, “en especial el derecho a la vida, a la salud e integridad, en consideración al contexto penitenciario actual”.

Glas, que rechaza los cargos en su contra y se declara un perseguido político, había ingresado a la sede diplomática de México el 17 de diciembre de 2023 para solicitar asilo, cuando la Fiscalía se disponía a procesarlo por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción tras el devastador terremoto de 2016.