Ecuador se encuentra en el foco de atención del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) durante su 80º periodo de sesiones en Ginebra, Suiza. Esto se debe a la persistente impunidad y ausencia de procesos judiciales relacionados con las matanzas carcelarias que, desde 2018 hasta 2023, han cobrado la vida de más de 680 personas privadas de libertad. Expertos consideran estos crímenes como de Estado.
Según un informe presentado en Suiza por organizaciones de defensa de los derechos humanos, el gobierno ecuatoriano ha utilizado el Estado de Excepción como un mecanismo para enfrentar la crisis de inseguridad, lo que ha llevado a la restricción de derechos y a violaciones sistemáticas, especialmente en barrios populares. Desde enero de 2024, las Fuerzas Armadas han instaurado un régimen de tortura como medida disciplinaria y de rehabilitación social en los centros de privación de libertad.
El ex vicepresidente Jorge Glas es uno de los afectados, denunciando condiciones degradantes y hostigamiento psicológico en la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. Su hábeas corpus fue negado recientemente, reflejando las difíciles condiciones carcelarias.
Ecuador se destaca por tener una de las tasas de homicidio más altas de América Latina y una falta de capacidad institucional que ha incrementado las violaciones de derechos humanos. Desde el 9 de enero de 2024, el país vive en un estado de excepción por conflicto armado interno, renovado en marzo y vigente hasta la fecha, restringiendo libertades personales, de asociación, reunión y tránsito, y otorgando amplias facultades a las Fuerzas Armadas.
El informe subraya que las masacres ocurrieron con la permisibilidad del Estado, omitiendo garantizar el derecho a la vida de los reclusos. También se destacan los desafíos institucionales para prevenir y sancionar la tortura, y la falta de medidas de reparación integral para las familias de las víctimas.
Organizaciones de derechos humanos han constatado este año tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia las familias de los presos, incluyendo falta de información y contención emocional, y respuestas represivas de la policía. Ninguna investigación ha determinado responsabilidades por la omisión de funcionarios públicos, y no se han implementado medidas de reparación ni se ha depurado el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), que aún mantiene funcionarios vinculados al crimen organizado. Se espera una respuesta del comité de la ONU sobre estas denuncias.
Con información de: La Jornada
Imagen: Afp
