El presidente colombiano Gustavo Petro ha sido citado por la Corte Suprema de Justicia para declarar en una investigación que involucra a dos congresistas presuntamente implicados en un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD). Según el alto tribunal, la investigación apunta a irregularidades en la compra de 40 carrotanques con un presunto sobrecosto de cerca de 12 millones de dólares, destinados a abastecer el departamento de La Guajira, una de las regiones más empobrecidas del país.

Petro hará su declaración por medio de una "certificación juramentada", respondiendo a un cuestionario formulado por un magistrado del tribunal. Este escándalo se enmarca en un compromiso previo del presidente, anunciado en mayo, para combatir la corrupción estructural que, según él, ha prevalecido desde administraciones anteriores.

La solicitud de la declaración del presidente proviene de la Procuraduría y de la defensa de los congresistas Iván Name y Andrés Calle, quienes hasta junio presidían el Senado y la Cámara de Representantes respectivamente. Ambos están siendo investigados por presunta corrupción en la UNGRD. Sneyder Pinilla, un ex empleado de la UNGRD, denunció que parte del dinero de los carrotanques fue desviado para favorecer a los presidentes del Congreso a cambio de apoyo a las reformas sociales del gobierno. Name y Calle han negado estas acusaciones.

La Corte Suprema también ha ordenado una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y del Congreso para obtener información sobre el trámite de las reformas a la salud y a la pensión, esta última convertida en ley. Otros siete congresistas están siendo investigados por el mismo caso de presunta corrupción.

En una nueva arista del escándalo, el ex director de la UNGRD, Olmedo López, sugirió que contratos fueron direccionados para financiar al Ejército de Liberación Nacional (ELN), con quien el gobierno mantiene diálogos de paz. Petro respondió en redes sociales, calificando la acusación de utilizar la paz para encubrir delitos como "sucia". Aseguró que cualquier financiación al ELN sería parte de una desmovilización final y no a través de contratos públicos.