La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), aprobó una reforma a la Constitución Política que prohíbe la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos análogos. La medida busca proteger la salud pública en México y también incluye la prohibición de producir y distribuir sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, como el fentanilo en su uso ilícito.

La reforma, derivada de una iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024, fue aprobada con 24 votos a favor y 2 en contra en lo general, y con 21 votos a favor y 15 en contra en lo particular. El dictamen será enviado a la Mesa Directiva para continuar con el trámite constitucional.

El documento destaca que la propuesta se enfoca en la protección de la salud pública, más allá de la prevención y sanción de conductas criminales, y que se prioriza la protección real de la salud sobre la libertad de trabajo y comercio. Los artículos transitorios establecen que todas las disposiciones legales en conflicto con la nueva reforma serán derogadas, y se otorga un plazo de 180 días al Congreso de la Unión y 365 días a las legislaturas estatales para armonizar sus normativas.