El Congreso de Aguascalientes aprobó una reforma que reduce de 12 a seis semanas de gestación el límite para la interrupción voluntaria del embarazo, desafiando un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La votación concluyó con 19 votos a favor y seis en contra, impulsada por la mayoría del derechista Partido Acción Nacional (PAN), que también eliminó el término “personas gestantes” utilizado por la SCJN en sus decisiones.

La nueva legislación establece penas de tres a seis meses de cárcel y sanciones económicas para quienes aborten después de la sexta semana de gestación. Además, la ley exige que al menos dos trabajadores de la salud verifiquen si un ‘aborto espontáneo’ fue realmente involuntario, lo que podría complicar el acceso a la atención médica para las personas que experimenten complicaciones durante el embarazo.

Esta reforma ha generado una fuerte reacción por parte de organizaciones feministas y defensores de los derechos reproductivos, quienes calificaron la medida como un "retroceso sin precedentes" en la garantía del derecho al aborto. En un pronunciamiento conjunto, advirtieron que la nueva ley pone en riesgo la salud y la autonomía de niñas, adolescentes, mujeres, hombres trans, personas no binarias y otros grupos vulnerables.

Las organizaciones también expresaron su preocupación de que esta reforma en Aguascalientes pueda sentar un precedente para que otros estados que han recibido fallos similares de la SCJN sigan el mismo camino, reduciendo aún más las semanas de gestación permitidas para abortar. Esta medida se produce a pesar de que, el 30 de agosto de 2023, la SCJN había declarado inconstitucional la prohibición del aborto en Aguascalientes, lo que subraya el conflicto entre las decisiones judiciales federales y las reformas legislativas estatales en torno a los derechos reproductivos en México.