El Gobierno de Nicaragua, bajo la presidencia de Daniel Ortega, ha ordenado el cierre de Save the Children Canadá junto con otras 168 organizaciones sin fines de lucro, sumando aproximadamente 5,600 ONG disueltas desde las protestas populares de abril de 2018. El Ministerio del Interior justificó la medida, alegando que Save the Children Canadá no había reportado sus estados financieros desde 2008 hasta 2023, además de tener su junta directiva vencida desde 2004.

Otra organización afectada por esta medida es la Iglesia Morava de Nicaragua, que fue cerrada por no haber presentado sus estados financieros entre 2018 y 2023 y por tener una junta directiva vencida desde enero de 2019.

Estas 169 organizaciones fueron clausuradas poco después de que la Asamblea Nacional aprobara, a petición del Ejecutivo, reformas a tres leyes que modifican el funcionamiento de las ONG en el país. Según las nuevas normativas, las organizaciones sin fines de lucro deberán formar "alianzas" con instituciones estatales para ejecutar sus proyectos, limitando significativamente su autonomía.

La disolución de estas organizaciones fue oficializada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, a través de un acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua. Aunque en esta ocasión no se ordenó el traspaso de bienes al Estado, la medida representa un continuo esfuerzo del gobierno nicaragüense por controlar y reprimir a la sociedad civil, agravando la crisis de derechos humanos que afecta al país desde 2018.