La resolución obliga a México a indemnizar con 37.1 millones de dólares a la compañía por la negativa de permisos ambientales para su proyecto ‘Don Diego’ en Baja California Sur.

Las secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente (Semarnat) expresaron su desacuerdo y señalaron que buscarán anular el laudo “ante las cortes competentes”, argumentando serias deficiencias en la decisión. El conflicto se originó cuando México negó en 2018 la autorización ambiental para extraer arenas fosfáticas en el Golfo de Ulloa, proyecto que implicaba un dragado submarino de gran magnitud.

El gobierno mexicano afirmó que seguirá defendiendo sus recursos naturales y evitará que proyectos que favorecen a minorías dañen el medioambiente y la soberanía del país, asegurando que agotará todos los medios de defensa disponibles en este caso.

Con información de López-Dóriga Digital.