En una sesión de más de ocho horas, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que traspasa el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con 86 votos a favor, incluidos el del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, y 42 en contra por parte del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue avalada y calificó como un paso hacia la militarización del país.
La reforma, que modifica los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución, establece que la GN será una "fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública".
Según el dictamen, la Guardia Nacional tendrá la facultad de investigar delitos en conjunto con el Ministerio Público y las policías: "La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.
Uno de los puntos más controvertidos es que el titular de la Comandancia de la Guardia Nacional será designado por el presidente de la República, a propuesta de la Sedena, y deberá ostentar el grado de general de División en activo. Esta medida ha suscitado fuertes críticas de la oposición, que señala la consolidación de la militarización del país.
El senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, expresó su preocupación en tribuna, señalando que esta reforma "constituye el último clavo al féretro de la seguridad civil". Agregó que, aunque el gobierno lo niegue, esto representa una clara militarización de la seguridad pública: “¿Cómo lo llamarían ustedes cuando hay más militares patrullando las calles de México que policías?”, cuestionó.
La reforma aprobada marca un cambio significativo en la estrategia de seguridad pública en México y, aunque representa un respaldo a la administración actual, también abre un debate sobre el papel de las fuerzas armadas en la vida civil del país.
