A una década de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la lucha de sus padres sigue firme, alimentada por la frustración y el dolor ante la falta de avances. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado su apoyo a las fuerzas armadas, señalando a organismos de derechos humanos como responsables de dificultar las investigaciones, pero no ha proporcionado respuestas concretas sobre el paradero de los jóvenes. Esta omisión ha desatado la indignación de las familias.

En una manifestación reciente frente al antimonumento +43 en la Ciudad de México, los padres expresaron su enojo ante el trato recibido por parte de la Secretaría de Gobernación. “Nos entregaron los informes como si fueran cualquier cosa, pidiendo solo que firmáramos de recibido”, denunció Isidoro Vicario, abogado de los familiares. “Es lamentable la falta de seriedad”.

Magdalena Maestros, madre de uno de los normalistas, aseguró que los informes presentados por el gobierno “no contienen nada”, y lamentó que, a pesar de las promesas, no hay claridad sobre lo que realmente sucedió. A pocos meses del décimo aniversario de la desaparición, la desesperanza crece al ver que el gobierno actual terminará su mandato sin cumplir con su compromiso de revelar la verdad.

El papel del Ejército sigue siendo un punto de discordia. Melitón Ortega, familiar de otro estudiante, fue contundente al señalar que López Obrador no ha retomado las líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que demuestran la participación militar en la desaparición. “La presencia militar fue decisiva. Controlaron la información y monitorearon a los estudiantes. ¿Por qué protegerlos?”, cuestionó Ortega.

Al finalizar el mitin, los normalistas pintaron en el suelo la consigna: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”. El Monumento a la Revolución proyectó los nombres de los 43 jóvenes, un recordatorio de que, aunque el tiempo pase, las heridas siguen abiertas y la demanda de justicia sigue vigente.