En un acto histórico, el nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que reconoce oficialmente los hechos del 2 de octubre de 1968 como un crimen de lesa humanidad. Este gesto representa un cambio significativo, pues se acusa directamente al Ejecutivo y al Ejército de los actos de violencia contra los estudiantes, una postura que contrasta con la narrativa de imputación a los jóvenes del movimiento estudiantil.

El decreto señala que “en nombre y representación del Estado mexicano, se reconoce políticamente que los actos de violencia perpetrados el 2 de octubre de 1968 contra los integrantes del heroico movimiento estudiantil constituyeron un crimen de lesa humanidad”, tal como lo mencionó el expresidente Gustavo Díaz Ordaz en su quinto informe de gobierno. 

En tanto, en la Estela de Tlatelolco, sobrevivientes, familiares y dirigentes del movimiento del 68 renovaron sus exigencias de justicia para las víctimas de la masacre. Destacaron que, a 56 años de los hechos, continúan luchando por las libertades democráticas y el acceso a la justicia, no solo por el 2 de octubre, sino también por la masacre del 10 de junio de 1971 y los crímenes de la “Guerra Sucia”.

Los manifestantes esperan que este gobierno cumpla su promesa de romper los pactos de impunidad que han protegido a los responsables durante décadas. Para ellos, el reconocimiento del Estado es solo el primer paso hacia la justicia plena para las víctimas y el fin de la impunidad en los crímenes contra el pueblo.