Por Redacción Contra Réplica

Exigen investigar a empresario potosino por presunto lavado de dinero

Gerardo Sánchez Zumaya, propietario de Petrogesa, enfrenta acusaciones por la facturación de contratos con Pemex entre 2021 y 2024.

El empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, propietario de la empresa Petrogesa, se encuentra en el centro de una polémica tras una investigación publicada por el diario Reforma, que lo vincula con presunto lavado de dinero. Según el reporte, este delito habría sido cometido mediante la facturación de contratos otorgados por Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2021 y 2024. Ante estas acusaciones, el diputado federal José Luis Fernández y el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, han exigido una investigación exhaustiva y transparente.

José Luis Fernández destacó la gravedad de las acusaciones y señaló que deben esclarecer para garantizar la confianza en las instituciones. “Es inaceptable que se utilice a San Luis Potosí y otras entidades para escalar en la política y resolver intereses personales. No se puede permitir que se utilice el sistema político para salvar negocios propios, apostando a enfrentar a la ciudadanía para evitar ser señalado por sus actos ilícitos”, afirmó el legislador.

Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona no se quedó atrás en sus declaraciones, lanzando una dura crítica hacia el empresario y exigiendo acciones legales concretas. “Es fácil regalar dinero cuando no es de uno, cuando se trata nada más de lavarlo es fácil”, expresó. Asimismo, instó a que las investigaciones sean realizadas por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y la de Tabasco, para deslindar responsabilidades y proceder conforme a la ley.

El mandatario estatal enfatizó la importancia de recuperar los recursos en caso de que se confirme el delito. “Si es culpable, que regresen todo el dinero; es de los mexicanos y nos alcanzaría para mucho más”, sentenció.

La empresa Petrogesa, señalada como proveedora de Pemex durante el periodo investigado, aún no ha emitido una postura oficial. Sin embargo, este caso ha generado gran expectativa, tanto por los posibles impactos económicos como por el cuestionamiento a la transparencia en los contratos de Pemex.

El llamado a la rendición de cuentas subraya la creciente atención pública hacia el manejo de recursos públicos y el combate a la corrupción en México.