La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado oficialmente que no procederá con la demanda contra el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y otros implicados en un caso de presunto desvío de recursos públicos y contratos irregulares. La decisión, que afecta a la carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, fue tomada tras una revisión exhaustiva de los elementos presentados en la investigación, inicialmente presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020.

El caso, reactivado en septiembre de 2024, apuntaba a presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados entre 2013 y 2017 a empresas vinculadas al entorno familiar de Gallardo, como Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri. La investigación señalaba que estos contratos habrían implicado transferencias ilícitas de recursos públicos destinados a la salud hacia empresas de prestanombres, lo que generó gran polémica en la opinión pública.

Sin embargo, en su comunicado, la FGR indicó que no se encontraron pruebas suficientes que pudieran sustentar las acusaciones. Además, señalaron que los informes presentados por la UIF contenían inconsistencias y carecían de evidencia directa que vinculara a los acusados con actos de corrupción. Según fuentes cercanas al organismo, la falta de elementos jurídicos sólidos fue la principal razón para archivar el caso.

"El expediente carece de los elementos necesarios para continuar con el proceso penal", expresó una fuente de la FGR. "A pesar de los señalamientos mediáticos y políticos, la evidencia no cumple con los requisitos legales".

Por su parte, Ricardo Gallardo Cardona celebró la decisión de la FGR, considerándola una “victoria de la justicia”. En un mensaje público, el mandatario estatal señaló que las acusaciones en su contra fueron parte de una estrategia política para desprestigiarlo. "Siempre confiamos en que la verdad prevalecería", afirmó Gallardo, quien destacó la imparcialidad del proceso judicial.

A pesar del cierre del caso, diversas organizaciones civiles han cuestionado la resolución de la FGR, señalando que la falta de transparencia en el manejo de la investigación podría generar una percepción de impunidad en casos de corrupción gubernamental. Analistas políticos coinciden en que este desenlace fortalece la posición de Gallardo Cardona de cara a futuros proyectos, aunque también deja interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos durante su administración.

Con esta decisión, la carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020 queda oficialmente archivada, marcando el final de uno de los casos más mediáticos y controversiales en San Luis Potosí en los últimos años.