El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó su preocupación por la propuesta de reforma constitucional en México que busca ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. En un comunicado, Türk afirmó que esta medida “contraviene principios esenciales de derechos humanos” y destacó que la privación de libertad debe ser excepcional y justificada caso por caso por una autoridad judicial.

Según el funcionario, la ampliación de esta medida no resolverá los desafíos de seguridad y justicia en el país. En su lugar, sugirió fortalecer la capacidad de las fiscalías para recopilar pruebas y priorizar alternativas a la prisión preventiva, garantizando la proporcionalidad y necesidad en cada caso.

La oficina de Türk recordó que organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, han recomendado eliminar esta práctica en México. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó en 2023 que la prisión preventiva oficiosa es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ordenando su eliminación.

La reforma constitucional, aprobada por la Cámara de Diputados el 13 de noviembre y actualmente en análisis en el Senado, añade delitos como extorsión, contrabando y algunos relacionados con drogas al listado de casos con prisión automática.

Por otro lado, Türk expresó inquietud sobre la reciente reforma judicial mexicana que incluye la elección popular de jueces, la terminación anticipada de mandatos y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con amplias facultades. Advirtió que estas disposiciones podrían debilitar la independencia del Poder Judicial y su capacidad para defender el Estado de derecho.

La postura de la ONU subraya la importancia de que las reformas legales en México respeten los estándares internacionales de derechos humanos y refuercen las garantías fundamentales de las personas.

Con información de López-Dóriga Digital.