El Salvador cerró 2024 con un récord histórico de 114 homicidios, alcanzando una tasa de 1.9 asesinatos por cada 100,000 habitantes. El presidente Nayib Bukele destacó este logro, asegurando que el país es ahora "el más seguro del hemisferio occidental". En diciembre, solo se registró un asesinato, reflejando el impacto de la política de seguridad implementada por su gobierno.

Las autoridades atribuyen estos resultados a una estrategia contundente contra las pandillas, que incluyó reformas legales para penalizar la pertenencia a bandas delictivas con penas de 20 a 40 años de prisión, y hasta 60 años para los líderes. Desde que se instauró esta medida, más de 83,000 personas han sido detenidas por presuntos vínculos con pandillas. No obstante, Bukele informó que 8,000 de ellos fueron liberados tras demostrar su inocencia.

A pesar de los avances, las cifras oficiales no incluyen muertes de cinco presuntos pandilleros en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Además, organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado denuncias de abuso bajo el régimen de excepción, documentando la muerte de 354 personas en custodia. Estas cifras generan cuestionamientos sobre el respeto a los derechos fundamentales en el marco de las acciones de seguridad.

El contraste con el pasado es significativo. En 2015, El Salvador tuvo 6,656 homicidios, con una tasa de 103 por cada 100,000 habitantes, considerada una de las más altas del mundo. Incluso en 2023, el país reportó 214 asesinatos, incluyendo 38 muertes de presuntos pandilleros en enfrentamientos con las autoridades.

Aunque el país celebra su notable transformación, las tensiones entre la efectividad de las políticas y las preocupaciones sobre derechos humanos persisten, marcando un balance complejo en este capítulo de su historia reciente.