El fallo requiere que el DOGE restituya de manera inmediata el acceso a las plataformas electrónicas esenciales de USAID, incluyendo el correo electrónico, los sistemas de pago, las notificaciones de seguridad, entre otros, que son cruciales para las actividades humanitarias de la agencia en diversas regiones del mundo. Además, el juez ordenó que el DOGE presente al tribunal, en un plazo de siete días, un documento que confirme que se han cumplido las disposiciones de la orden.

La orden también incluye un punto clave para el funcionamiento de la agencia, exigiendo que, en un plazo de 14 días, se obtenga un acuerdo escrito entre todas las partes necesarias para garantizar que USAID pueda regresar a su sede original, si el fallo final favorece a los demandantes. Esto busca asegurar que la agencia pueda retomar completamente sus funciones sin obstáculos administrativos ni logísticos.

En su fallo, el juez Chuang criticó las acciones del DOGE, señalando que este departamento tomó decisiones sin la aprobación previa de la dirección de USAID. "DOGE ha tomado numerosas medidas sin ninguna aprobación previa aparente de la dirección de la agencia", expresó Chuang, criticando la unilateralidad del proceso.

En respuesta a la decisión judicial, Elon Musk, quien fue designado para dirigir el DOGE por el expresidente Donald Trump, comentó en la red social X (antes conocida como Twitter) tildando el fallo de “partidista” al provenir de un magistrado designado por la administración demócrata, limitándose a escribir: "De hecho".

La orden judicial también prohíbe el despido o suspensión de empleados de USAID, el cierre de sus edificios o la rescisión de contratos de servicio. Estas medidas buscan proteger los recursos humanos y materiales de la agencia mientras se resuelve el litigio. El cierre de USAID había sido anunciado por Musk a principios de año, lo que generó fuertes críticas por el impacto potencialmente devastador en las operaciones humanitarias de la agencia.

El impacto de la clausura de USAID ha sido significativo, interrumpiendo las labores de asistencia humanitaria en regiones con necesidades urgentes. Funcionarios denunciaron que varios empleados quedaron varados en países extranjeros sin el respaldo adecuado para continuar con sus misiones. Nick Enrich, exadministrador adjunto interino de salud global de USAID, advirtió que el cierre podría tener consecuencias letales, calificando la decisión de "potencialmente letal" y afirmando que varias subvenciones vitales para la asistencia humanitaria fueron canceladas.

Enrich también destacó que la pérdida de financiación y apoyo de USAID podría haber resultado en "muertes evitables", aunque el número exacto de muertes atribuidas al cierre aún se desconoce. Poco después de enviar este memorando, Enrich fue puesto en licencia, aunque las razones no fueron aclaradas públicamente.