El 28 de febrero de 2020, México registró su primera muerte por Covid-19, marcando el inicio de una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes. Lo que comenzó como un virus desconocido en China, supuestamente originado en murciélagos, se convirtió en una pandemia global que transformó la vida de millones de personas. En un principio, muchos pensaron que sería similar a la influenza, con un impacto pasajero, pero la realidad fue muy distinta: el virus alteró la normalidad durante años, especialmente en el ámbito educativo.

El 16 de marzo de 2020, las escuelas y universidades en México suspendieron las clases presenciales, y una semana después, se implementaron las clases en línea a través de plataformas como Zoom y Teams. Además, el programa "Aprende en Casa" transmitió contenidos educativos por televisión, con canales especializados para cada grado escolar. Sin embargo, las estadísticas revelaron que solo el 55% de los estudiantes pudo acceder a estas herramientas, mientras que el 45% restante, perteneciente a niveles socioeconómicos más bajos, enfrentó dificultades por falta de dispositivos o conexión a internet.

La UNESCO alertó sobre una disminución significativa en el porcentaje de estudiantes y predijo que los efectos de la pandemia en la educación se extenderían por muchos años. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial (BM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), América Latina experimentó un rezago educativo promedio de dos años, que en algunos casos podría alcanzar hasta cuatro años. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que 740 mil personas entre 3 y 29 años no concluyeron el grado escolar en el que estaban matriculados, y solo el 3% atribuyó esta situación a causas ajenas a la pandemia.

Además, entre 109 mil y 326 mil niños y adolescentes ingresaron al mercado laboral como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia, lo que agravó la deserción escolar. La brecha educativa se amplió: mientras los estudiantes mejor posicionados aprovecharon las clases en línea, aquellos en condiciones marginadas dependieron de la televisión y la radio, sin interacción con sus profesores.

El confinamiento afectó profundamente a los niños y adolescentes. Un tercio de ellos experimentó problemas emocionales, desórdenes de sueño, apetito y enfermedades psicosomáticas. La falta de interacción social escolar se asoció con depresión, ansiedad, culpa y un mayor riesgo de desarrollar trastornos como el estrés postraumático. En 2020, México registró un récord de 1,150 casos de suicidio en niños, niñas y adolescentes, un aumento del 12% respecto al año anterior y del 37% en el grupo de 10 a 14 años.

La violencia doméstica también aumentó, ya que la escuela, un espacio seguro para muchos, dejó de estar disponible. En los primeros meses de 2021, los casos de violencia doméstica en México crecieron un 24%.

La pandemia generó gastos adicionales para las familias. Según el INEGI, el 28% de los hogares invirtió en teléfonos inteligentes, el 26% en internet, el 21% en adaptar un espacio para el estudio y el 14% en la compra de una computadora. Sin embargo, las desigualdades persistieron: mientras el 92.5% de los hogares tenía televisión con señal abierta, solo el 44.3% contaba con una computadora y el 56.4% tenía acceso a internet, con una brecha significativa entre zonas urbanas (73.1%) y rurales (40.6%).

A pesar de los esfuerzos por mantener la educación a distancia, México aún no ha implementado programas propedéuticos ni pruebas diagnósticas para medir el rezago educativo y diseñar estrategias de recuperación. Organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierten que las brechas de aprendizaje entre estudiantes de diferentes contextos sociodemográficos se ampliarán, lo que representa un desafío urgente para el sistema educativo.

La pandemia de Covid-19 dejó una huella profunda en la educación y la infancia en México, exponiendo desigualdades estructurales y generando un rezago que tardará años en superarse. Mientras el país avanza hacia la recuperación, es fundamental priorizar políticas públicas que aborden estas problemáticas y garanticen el derecho a la educación y el bienestar de las nuevas generaciones.