La Universidad de Columbia ha acordado implementar una serie de reformas exigidas por la administración del presidente Donald Trump, con el objetivo de recuperar los $400 millones en financiamiento federal que le fueron retirados a principios de marzo debido a acusaciones de inacción ante el acoso a estudiantes judíos. 

Entre las medidas adoptadas, la institución prohibirá el uso de mascarillas quirúrgicas en el campus y requerirá que los estudiantes participantes en protestas presenten su identificación universitaria a las autoridades. Además, se ha contratado a 36 agentes de seguridad con facultades para expulsar o detener a estudiantes cuando sea necesario. 

En el ámbito académico, Columbia someterá a supervisión su Departamento de Estudios sobre Medio Oriente y revisará programas educativos relacionados con otras regiones, como África y Asia. Asimismo, se adoptará una nueva definición de antisemitismo y se ampliará la diversidad intelectual en el Instituto de Estudios sobre Israel y el Judaísmo. 

Estas decisiones han generado críticas por parte de académicos y defensores de la libertad de expresión, quienes consideran que las medidas podrían afectar la autonomía universitaria y sentar un precedente preocupante de interferencia gubernamental en la educación superior.