El gobierno del presidente Donald Trump ha implementado una serie de acciones dirigidas a restringir la libertad de expresión en universidades estadounidenses, enfocándose especialmente en manifestaciones propalestinas. Estas medidas incluyen la amenaza de retirar fondos federales a instituciones educativas que permitan protestas consideradas "ilegales" y la deportación de estudiantes extranjeros involucrados en dichas manifestaciones.
Uno de los casos más destacados es el de Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado en la Universidad de Columbia, quien fue detenido y enfrenta un proceso de deportación debido a su participación en protestas contra la guerra en Gaza. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la revocación de su visa argumentando que sus actividades, aunque legales, contravienen los intereses de política exterior de Estados Unidos.
Además, la administración Trump ha propuesto colocar a la Universidad de Columbia bajo supervisión federal mediante un decreto de consentimiento, una medida sin precedentes que implicaría cambios obligatorios en las políticas de la institución y una supervisión judicial continua. Esta acción se enmarca en una campaña más amplia que ha afectado también a otras universidades como Cornell y Northwestern, las cuales han enfrentado congelaciones de fondos federales por un total de más de 1.7 mil millones de dólares.
Estas medidas han suscitado críticas de defensores de la libertad académica y de expresión, quienes advierten sobre un posible retorno a prácticas represivas similares al macartismo. Organizaciones como la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios y el Instituto Knight de la Primera Enmienda han presentado demandas legales contra la administración, argumentando que estas acciones violan derechos constitucionales fundamentales.
La comunidad académica y de derechos civiles continúa vigilante ante estas políticas, que podrían tener implicaciones duraderas en el panorama educativo y de libertades en Estados Unidos.
